Por Juan Salas

¿Hasta cuántos hechos similares se pueden considerar aislados? En Mar del Plata, esta semana desde la Fiscalía General solicitaron la elevación a juicio en las causas de corrupción contra el exjefe de la Policía Departamental José Segovia y contra el exjefe de Drogas Ilícitas, Claudio Pontoriero. ¿En qué momento se puede considerar que existe un patrón en este contexto? Paralelamente, otro exjefe de la Departamental fue juzgado por golpear a un detenido para que diera información. ¿Qué más hace falta para que salten las alarmas de un problema estructural en la institución?

El 2024 estuvo sacudido por un terremoto que derrumbó la cúpula de la Policía Bonaerense en Mar del Plata, con la detención primero del jefe de la Departamental, José Segovia, y luego, en otro “hecho aislado”, la del jefe de Drogas Ilícitas Claudio Pontoriero. Ambos acusados por hechos de corrupción, por liderar bandas que integraban otros policías.

El caso de Christian Marcozzi es anterior, del 2020 y es el “menos grave”: no fue acusado de corrupción y “solo” de haber golpeado a un detenido mientras estaba esposado, pellizcarle los pezones, agredirlo con un guante de látex en la cara para hacerlo confesar.

“No había algo sistémico de corrupción. No sospechamos de una cuestión institucional, no es que esté todo el personal policial implicado en una dinámica institucional de corrupción. La posibilidad de que alguien abuse de su autoridad, que tiene que ver con la corrupción, existe y por eso existe asuntos internos, por eso la Justicia investiga”, había declarado el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en una entrevista con LA CAPITAL tras conocerse la detención de Segovia, un hecho aislado que ocurrió antes y después de otros hechos aislados.

José Segovia.

Para el Ministerio Público, con la causa de Segovia se abrió una Caja de Pandora, en la que queda al descubierto una asociación ilícita mixta que tiene como eje la corrupción policial y la connivencia con delincuentes. “Lo que fueron rumores y sospechas iniciales terminaron transformándose en un torbellino de sucesivas revelaciones que fueron destapando una red profunda de corrupción entre policías y delincuentes, quienes, aliados en las sombras, tejieron durante años un entramado de impunidad que ahora comienza a desmoronarse. Pero lo cierto es que lejos de cerrarse el caso, cada hallazgo fue solo el principio de otro. Así como si al levantar una piedra se descubriera no solo la suciedad oculta debajo de ella, sino un pozo sin fondo de nuevos sucesos y complicidades ilegales. Y lo más inquietante de todo es que aún no se sabe hasta dónde llega”.

En esa causa, investigada por el fiscal general adjunto Marcos Pagella, además de Segovia están imputados los policías o expolicías Javier Collova, Leonardo Di Biase, Christian Gari, Javier González, Christian Holtkamp, Juan Pablo Velázquez, Iván Medigovich, Gastón Moraña, Mauricio Ramírez Armani, Nicolás Rivademar, Jonathan Sonzogni, Sabino Sosa, los financistas Claudio Alaniz y Jorge Toletti y el abogado Lautaro Resúa.
Según la fiscalía, Segovia, por su cargo y función, estaba al frente de la asociación ilícita compuesta por otros policías, por financistas y por un abogado para desviar investigaciones, organizar robos, cobrar dinero por la venta de divisa extranjera en la calle, plantar pruebas, incriminar falsamente a delincuentes y favorecer a otros, todo a cambio de grandes sumas de dinero.
“Debe decirse con total crudeza que en esta investigación se ‘hurgó en la mierda’”, concluyó el fiscal en su pedido para que Segovia y el resto de los acusados llegaran a juicio.

Un segundo hecho aislado

Mientras el escándalo de la detención de Segovia acaparaba toda la atención pública, la sede de Drogas Ilícitas era allanada y su jefe, Claudio Pontoriero era detenido, acusado de robar dinero en allanamientos por narcomenudeo y de exigir un retorno al adjudicar horas extras a sus subalternos.

Esta investigación, que también hizo el fiscal Pagella, tiene como imputados, además de Pontoriero, los comisarios Leandro Piboleau y Paola Reynaldo, los sargentos Carla Daniela Navarro, Julián Paglione, Jonathan Aguirre y Lucas Agustín Barreiro, los oficiales subayudante Leonardo Mariño y Débora Durand, y el subcomisario Cristian Battistessa.

Para el fiscal, hay pruebas suficientes para demostrar en un juicio que los acusados se apoderaban de dinero de manera ilegítima y de material estupefaciente en ocasión de ejecutar órdenes de allanamiento expedidas por la justicia de garantías y ante el requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Además, tiene pruebas que “plantaban” sustancias ilegales en los registros domiciliarios que llevaban adelante.

Por otro lado, los mismos jefes policiales de la dependencia, que tenían a su cargo la asignación de horas por “Compensación por Recargo de Servicio”, de manera ilegítima obligaban a sus subordinados a reembolsarles o reintegrarles una porción de lo obtenido por cada funcionario.

Además del pedido de elevación a juicio, el fiscal Pagella formó causas para 20 policías por haber brindado falsos testimonios durante la instrucción y, también, solicitó que se inicie una investigación a la Subdelegación de Drogas Ilícitas de Balcarce por la posible comisión de delitos similares, ya que a su entender estos “hechos aislados” se repitieron en otra dependencia policial.

Un tercer hecho aislado

Christian Marcozzi.

En enero de 2020 un delincuente de nacionalidad colombiana fue detenido en el interior de un hotel alojamiento ubicado en Gascón al 2000, en su poder tenía celulares robados, principalmente en la zona de boliches de Playa Grande.

Hasta el lugar había ido el mismo jefe de la Policía Departamental, Christian Marcozzi, quien se presentó ante el conserje del hotel y le pidió un cuarto para “hablar” en privado con el detenido, que estaba esposado y en cuero.
Esa “charla” fue física, fue con cachetadas en la cara, golpes en las costillas y pellizcos en los pezones. Esa “charla” fue filmada por un testigo y el video, de un clarísimo hecho de violencia policial, se viralizó y gracias a las imágenes la Justicia inició una causa contra Marcozzi, que fue expulsado de la fuerza por Asuntos Internos.

“Eso se hace siempre, el problema es que fue filmado. No te puede pasar eso”, expresó un expolicía que estaba en Tribunales cuando se inició el juicio contra Marcozzi, acusado de un hecho aislado.

En su alegato, el fiscal Luis Ferreyra solicitó que Marcozzi fuese condenado a tres años de prisión y que otro policía, Walter Osvaldo Almaraz, a tres años.

Hechos aislados en contexto

El exjefe de la Jefatura Departamental José Segovia fue detenido el 8 de mayo de 2024, acusado, entre otros delitos, de manejar a los arbolitos que vendían moneda extranjera en el centro. La causa estuvo en los primeros días bajo total hermetismo y secreto sumario.

El domingo 12 de mayo se levantó el secreto sumario y ese mismo día la pareja de Segovia y su hijo fueron a visitarlo a la Estación Comunal de Balcarce, donde se hallaba detenido y donde había recibido visitas anteriormente cuando no estaba permitido, como la del exsubcomisario Juan Pablo Velázquez exonerado y condenado a cinco años de prisión, por fraguar actas tras un allanamiento ilegal en el marco de la investigación por el asesinato kiosquero Dardo Molina.

Se desconoce la charla que pudo tener Segovia con su pareja y su hijo, pero lo cierto es que al día siguiente, el lunes 13 de mayo, el hijo del comisario mayor detenido fue hasta la caja de seguridad de la firma “Seguridad Frotress” -ubicada en Sarmiento al 2600- e ingresó al lugar a las 14.11, para luego irse con una mochila. Al allanar ese lugar, unos días después, la caja de seguridad estaba, por supuesto, vacía.

La lucha contra la corrupción, principalmente política/kirchnerista, es una de las banderas del Gobierno Nacional y cada hecho de corrupción, de otros, lo repudian por redes sociales.

En cuanto a la violencia eso es otro cantar. Los discursos violentos son cada vez más comunes por políticos nacionales e incluso locales, como en el caso del intendente Guillermo Montenegro, quien en redes sociales exhibe diariamente videos de como “su” Patrulla Municipal maltrata a personas en situación de calle, las humillan y hasta las agreden. Días atrás, el intendente, al salir de una audiencia en Tribunales justamente por supuestos excesos de la Patrulla Municipal, dijo: “Al que está por fuera de la ley se lo trata por fuera de la ley, porque es un delincuente”.

La frase, que el intendente (exfiscal y exjuez) dijo al pasar en una conferencia de prensa en Tribunales, tiene repercusiones, tanto en la Policía como fuera de ella. “Los políticos confunden a estos policías, que les piden mano dura, pero después cuando actúan se hacen los boludos”, expresó un abogado penalista, que estaba atento al juicio contra el excomisario Christian Marcozzi.

¿Cuántos hechos similares se pueden considerar aislados? ¿En qué momento se puede considerar que existe un patrón en este contexto? ¿Qué más hace falta para que salten las alarmas de un problema estructural en la institución?