El Concejo Deliberante acordó la creación de una mesa de coordinación para prevenir la violencia en las escuelas.

La definición unánime fue exhibida en la reunión de este martes de la Comisión de Educación y es una respuesta al episodio de violencia que se vivió la semana pasada la escuela 21 y al reclamo del sector docente para que haya una intervención del cuerpo deliberativo ante la reiterancia de este tipo de hechos.

Los concejales resolvieron que la Mesa de Trabajo Intersectorial “Escuelas Libres de Violencia” tendrá tres encuentros, en fecha a definir por la Comisión de Labor Deliberativa, que integran la titular del Concejo y los presidentes de bloque.

El proyecto, que había sido impulsado por los bloques opositores (Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador), logró también el respaldo del radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza, por lo que, a pesar de que todavía debe pasar por la Comisión de Legislación, ya cuenta con consenso político para ser aprobado.

Una de las autoras del proyecto, Mariana Cuesta (Unión por la Patria), mencionó que la violencia en las escuelas no es exclusiva de un sistema, sino que se advierte de similar modo en las escuelas de gestión provincial, las del municipio y las privadas. “Es un escenario muy problemático y nosotros, como concejales, podemos generar un puente para el diálogo”, indicó. Y recordó que garantizar que no haya violencia en las escuelas es una condición necesaria “para enseñar y aprender”.

El radical Daniel Núñez dijo que a su bloque también le “preocupa” la situación, pero reclamó “una discusión sincera, franca”. “¿Cómo no escuchar a la comunidad educativa en una situación que parece desbordarse?”, señaló, pero insistió en que “hay que poner en discusión” determinados paradigmas.

A su entender, “hay situaciones que se desbordan porque no se actúa a tiempo” y porque “el docente ha perdido autoridad”.

Ejemplificó que, a los docentes de base, cuando les toca vivir algún hecho de estas características les “bajan la línea” de que “no digan nada”. Por eso consideró necesario “escuchar a todos”, no solo a los gremios.

“Hay una sociedad violentada, crispada, es una situación de época”, planteó, en disidencia con el punto de vista del kirchnerismo, que la semana pasada había responsabilizado de ese estado de crispación al Gobierno nacional.

El radical también solicitó –y su propuesta tuvo aceptación– que la comisión pida informes a los sistemas educativos provincial y municipal sobre los casos de violencia que padecieron en los últimos seis meses y cómo los abordaron. “Porque muchas veces, cuando las situaciones no encuentran la respuesta adecuada, los padres deciden erróneamente hacer justicia por mano propia”, argumentó.

Serán invitados a formar parte de la mesa la Jefatura Regional de Gestión Estatal, la de Gestión Privada, la Jefatura Distrital de Educación, la Secretaría de Educación municipal, el Consejo Escolar, servicios locales de promoción y protección de derechos, el Consejo Local de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Salud municipal y la de Desarrollo Social.

También el Fuero Penal Juvenil y las fiscalías con competencia territorial en el municipio, las fuerzas de seguridad, la Universidad Nacional, los sindicatos docentes, los de auxiliares, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales vinculadas a la niñez y la educación.