Mientras los empresarios de la pesca están preocupados por el plan de manejo del langostino, representantes gremiales y trabajadores bloquearon durante toda la jornada de ayer los accesos al puerto en reclamo de medidas para evitar despidos, una medida que podría extenderse en caso de que no haya medidas que garanticen los puestos laborales.

La protesta comenzó el martes a la noche, impulsada por el Sindicato de Choferes de Camiones, las CTA y gremios del puerto.

El secretario adjunto de Camioneros, Juan Carlos Vargas, aseguró que, si los barcos que tienen previsto irse al sur a pescar langostino lo hacen, perjudicarán a alrededor de “8.000 trabajadores” locales, entre estibadores, transportistas, fileteros y otros que se desempeñan en tierra. Vargas le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal que “tome cartas en el asunto”. Puso como ejemplo el cierre del almacén naval Nuncio De Rosa y dio a entender que las cesantías continúan: “Nos están pidiendo dejar cesante a mucha gente. Y eso no lo podemos permitir por una política del puerto que no se está manejando bien”.

El dirigente puntualizó que “hay muchísima gente que la está pasando mal”, y estimó que este año “se duplicará” la cantidad de barcos que se irán al sur.

A principios de mes, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) aseguró que entre 60 y 70 barcos de los cerca de 130 que operan en el puerto ya habían obtenido los permisos correspondientes para pescar langostino en los puertos patagónicos durante el invierno, mientras que otros buques de mayor tamaño se encontraban a la espera del visto bueno.

“Estamos a días de que los barcos se vayan al sur y de que la gente se quede sin trabajo durante todo ese lapso”, alertó Vargas en el bloqueo del puerto, del que también participó durante unos momentos el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, que había llegado a la ciudad para participar de una jornada de protesta por la educación.

En un intento por destrabar el conflicto, los trabajadores se reunieron en la sede local del Ministerio de Trabajo de la provincia con representantes del Consorcio Portuario y funcionarios de Pesca de la Nación y la Provincia, pero no llegaron a ningún acuerdo.

“Nadie nos da soluciones, sólo nos dicen que van a tomar nota del reclamo”, indicó Vargas a LA CAPITAL al término de la audiencia.

La protesta se produce en un contexto en el que también el sector empresarial se muestra disconforme con las políticas pesqueras. El lunes, la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos, el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), el Centro de Patrones y Capitanes de Pesca, el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) y la CGT Mar del Plata solicitaron una “urgente intervención” de la gobernadora “para que defienda a la industria pesquera de Mar del Plata y, en particular, a sus barcos fresqueros de altura y costeros”.

Sostuvieron que esas embarcaciones “se verán seriamente perjudicadas si avanza el plan de manejo para el langostino en los términos en que las autoridades nacionales han dejado trascender”.

El martes, la Cámara de Armadores destacó como “positivo” un encuentro con autoridades provinciales en el que se acordó “no innovar”; es decir, el mantenimiento de las normas que rigen la pesca del langostino “hasta tanto se aborde una discusión amplia y participativa sobre su futura administración”.

La tensión en el puerto había sido advertida a principios de mes por la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos, que en un comunicado alertaron sobre el descenso de la actividad económica en el puerto, la falta de herramientas para revertir la situación y “los hechos de violencia en los lugares de trabajo y domicilios particulares”.