El juicio por jurados que debía comenzar la próxima semana para determinar quiénes fueron los asesinos de la portera Mirta Zabalegui (68) fue suspendido y deberá fijarse una nueva fecha para su realización.

La noticia se conoció en las últimas horas, luego de que uno de los imputados, Rubén “El Tucumano” Santillán informara acerca de un cambio en su representación legal al Tribunal Oral Nº 3. El imputado le revocó el cargo al abogado Martín Bernat y solicitó que ejerciera el mismo un representante de la Defensoría Oficial.

Entonces, se llevó a cabo una audiencia en la que el juez Fabián Riquert le comunicó la situación a las defensoras Carla Aguad y Carla Ostachi, quienes representan actualmente a los otros dos acusados, Carlos Juárez y Carlos Oña, con el objetivo de consultarlas acerca de si podrían sumar a Santillán. Sin embargo, las letradas explicaron que los tres tienen intereses diferentes en relación al desarrollo del debate, por lo que no sería posible.

En este contexto, se notificó a la defensora general, Cecilia Boeri, de lo sucedido y se pidió el nombramiento de otro miembro del mismo área para Santillán. Tanto el fiscal del caso, Leandro Arévalo, como el representante legal de la familia de la víctima, en el rol del particular damnificado, Osvaldo Verdi, fueron informados al respecto también.

La modificación obligó a posponer la realización del juicio por jurados -cuyos posibles integrantes ya habían sido convocados a Tribunales para el lunes-, debido a que desde la misma Defensoría Oficial solicitaron una extensión del plazo para que quien ejerza la representación legal de Santillán tenga tiempo de conocer en profundidad la causa.

Finalmente, se dispuso que el próximo miércoles se realice otra audiencia en la que se fijará la nueva fecha del debate.

Vale recordar que además de Santillán, Juárez y Oña, había sido imputado en el proceso judicial un cuarto hombre, Oscar Eduardo Lantes, quien enfermó gravemente y falleció tiempo atrás.

El caso

Si bien el robo y asesinato de Mirta Zabalegui ocurrió el 6 de septiembre de 2019, no fue un hecho al azar y los delincuentes, según el fiscal Arévalo, planificaron el golpe.

De acuerdo a la investigación judicial, Juárez solía realizar maniobras económicas fraudulentas como alquilar departamentos por poco tiempo y subalquilarlos a dos años para cobrar sumas de dinero superiores en forma adelantada. Esa fue la razón por la que, en el inicio de la investigación del caso, los principales sospechosos detenidos fueron tres peruanos que, llamativamente, habían alquilado en aquellos días uno de los inmuebles en el edificio de Bolívar al 2300 donde trabajaba Zabalegui.

Cuando la policía empezó a reunir datos y a realizar averiguaciones, supo que la víctima tenía ahorrados alrededor de 30 mil dólares en su vivienda (sus familiares contaron que se negaba a guardar el dinero en un banco por temor a un posible “nuevo corralito”) y que los tres ciudadanos oriundos de Perú que habían alquilado el departamento en los días previos a su asesinato se dedicaban a la venta de estupefacientes. De inmediato, la sospecha recayó sobre ellos y se consumaron sus detenciones.

Sin embargo, con el paso de los días la situación se esclareció: los acusados habían sido estafados por Juárez. Bajo la modalidad descripta antes, éste les había subalquilado un departamento para cobrarse el dinero del contrato por adelantado. Con ese hecho corroborado, los desvincularon de la causa.

La investigación se centró entonces sobre Juárez, quien primero declaró como testigo e incriminó a otro hombre que terminaría sobreseído. Se descubrió así que en sus visitas al departamento previas a la estafa que consumaría, Juárez entabló varias conversaciones con la portera y supo del interés de la mujer en comprar divisas en la zona céntrica. También supo de su sueño de concretar el tan ansiado viaje a Disney con su familia. Lo siguiente fue definir el día y el horario del robo que iba a perpetrar y quién lo acompañaría.

El crimen de Zabalegui ocurrió al mediodía del viernes 6 de septiembre y las averiguaciones de los pesquisas se orientaron a establecer cómo habían sido las horas finales de Zabalegui.

De acuerdo al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la camioneta en la que solía moverse Juárez, que era propiedad del hombre sobreseído, circuló por las cuadras aledañas al edificio previa y posteriormente a que se produjera el asesinato. Tras reunir una serie de pruebas y testimonios, el fiscal Arévalo y el personal de la DDI estuvieron en condiciones de reconstruir el caso y determinar que Juárez ingresó al departamento de la mujer acompañado de otros hombres. Allí la amenazaron y golpearon hasta hacerse del botín que buscaban.

En ese marco, como consecuencia de las lesiones sufridas en el ataque, la víctima murió y los ladrones escaparon.