La ex presidenta Cristina Kirchner rechazó la acusación del empresario Gabriel Romero sobre el presunto pago de 600 mil dólares por un decreto y criticó el “evidente manejo extorsivo de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por (el juez Claudio) Bonadio y (el fiscal Carlos) Stornelli”.

“Mi intervención como Presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación”, afirmó.

La senadora nacional se expresó así a través de un comunicado difundido por redes sociales, en el que concluyó: “El evidente manejo extorsivo de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por Bonadío y Stornelli es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este Gobierno”.