La Policía Federal Argentina (PFA) realizó este viernes cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de Mar del Plata, en el marco de una causa que investiga la explotación ilegal de juegos de azar en la modalidad virtual.

Los procedimientos fueron dispuestos por el Juzgado de Garantías N°1, por pedido de la Fiscalía N°17, a cargo del fiscal Javier Pizzo, y permitieron secuestrar material relevante para la investigación.

Según confirmaron fuentes judiciales, ya hay cinco personas imputadas, que serán llamadas a declarar la próxima semana. Los investigadores no descartan que existan más involucrados en la organización vinculada a un casino online clandestino que operaba desde el centro de Mar del Plata.

Los nuevos allanamientos se desprenden de un procedimiento anterior realizado semanas atrás en una oficina del microcentro, donde se obtuvieron elementos que fortalecieron la hipótesis de la existencia de un casino virtual ilegal.

A partir de esos resultados, la fiscalía amplió la investigación hacia otros domicilios y personas vinculadas a la gestión de la plataforma y al movimiento económico-financiero del dinero apostado.

Para los investigadores, la estructura contaba con un sistema de “cajeros” que se encargaban de cobrar dinero y habilitar créditos a los usuarios de distintas plataformas ilegales de apuestas. La pesquisa apunta también a determinar si los imputados participaron en la administración directa de uno de esos sitios.

En esta etapa incipiente de la causa, los investigadores se concentran en la trazabilidad del dinero mediante pedidos de informes a bancos y billeteras virtuales, para determinar cómo se movían los fondos entre los apostadores y los organizadores.

El objetivo es reconstruir la estructura económica detrás del sitio y definir quiénes cumplían roles de administración, captación de jugadores o cobro de apuestas.

Qué dice la ley sobre el juego ilegal

El artículo 301 bis del Código Penal establece penas de tres a seis años de prisión para quienes organicen, exploten o administren juegos de azar sin la debida autorización estatal.

La figura abarca tanto a los responsables de casinos, bingos, loterías o ruletas clandestinas, como a quienes los promuevan o faciliten su funcionamiento por cualquier medio, incluido internet.

En el caso de las plataformas digitales, la conducta se configura aunque los servidores estén alojados en el exterior, si la actividad se desarrolla o capta apostadores dentro del territorio argentino.

Las investigaciones judiciales suelen enfocarse en la trazabilidad del dinero, la identificación de cuentas receptoras y la detección de “cajeros” o intermediarios que cobran y pagan apuestas desde billeteras virtuales o cuentas bancarias locales.

En la provincia de Buenos Aires, la autoridad habilitada para regular el juego es el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, y cualquier oferta fuera de ese marco se considera ilegal.