El proyecto libertario recibió críticas de distintos bloques, incluso del PRO.
El proyecto de La Libertad Avanza para eliminar la ordenanza de perspectiva de género en el presupuesto municipal generó este jueves cuestionamientos de diversos bloques políticos, incluso de los más cercanos en lo ideológico.
La iniciativa del presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, fue defendida en la Comisión de Políticas de Género por la concejal Noelia Álvarez Ríos (LLA). “No proponemos esto porque no nos interesan las políticas de protección a las víctimas de delito o estamos en contra de las políticas que reconocen la violencia; lo pedimos porque creemos en un estado eficiente, inteligente y transparente con los recursos y el gasto”, dijo.
Mencionó que las partidas destinadas a la reducción de la brecha de género en el municipio totalizan los $ 7.600 millones, y puso en duda de que los recursos se asignen “como corresponde”. “¿Qué resuelve la partida de brecha de género en el Emsur o el Emvial”, se preguntó.
Una de las que se mostró en contra fue la exsecretaria de Desarrollo Social, la radical Vilma Baragiola. Mencionó que, cuando se aprobó la ordenanza en 2021, el intendente Guillermo Montenegro (ahora en uso de licencia y diputado provincial) ordenó que se respetara, y todas las secretarías comenzaron a “etiquetar” partidas con perspectiva de género. “A las áreas sociales, este etiquetado nos sirve”, indicó Baragiola.
El presidente del bloque del PRO, Julián Bussetti, aclaró que “es una forma de presentar el presupuesto” y que, más allá de su cercanía ideológica con La Libertad Avanza, la eliminación de la ordenanza de perspectiva de género en el presupuesto “no genera una solución financiera al municipio”.
Bussetti aclaró que no van a “aparecer” $ 7.600 millones. “(El proyecto) es más ideológico que práctico”, definió.
Valeria Crespo (Unión por la Patria) señaló que se “etiquetan” como “perspectiva de género” partidas como las de sepelios, atención de personas económicamente vulnerables, complemento alimentario familiar, intervención de viviendas de personas vulnerables, intervención de los servicios sociales, promoción social, verificación y reacondicionamiento de viviendas.
Se trata, apuntó, de “políticas públicas que lleva adelante el municipio” porque “son necesidades de los vecinos”, y que si no tuvieran ese etiquetado “se tendrían que hacer igual”.
Melisa Centurión defendió la continuidad de la ordenanza. “El presupuesto con perspectiva de género no implica más gasto, es un etiquetado fundamental porque permite identificar cómo estas partidas contribuyen a la reducción de desigualdades”, indicó.
Finalmente, la comisión dejó el expediente en comisión con un pedido de informes a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda.