Por Ramiro Melucci

El expediente que en los últimos cuatro años se desplazó a paso de tortuga adquirió en las últimas horas la velocidad de Flash. Pasó de la incertidumbre, la confusión y el caos a las puertas de su aprobación definitiva. De las piñas que el lunes enlodaron al Concejo Deliberante a la convocatoria de una reunión conjunta para el martes próximo de las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación para darle dictamen y dejarlo en condiciones de ser sancionado el jueves.

Las plataformas digitales de transporte, perseguidas durante la época de Carlos Arroyo y permitidas sin norma en el de Guillermo Montenegro, están más cerca que nunca de funcionar con habilitación municipal.

La primera señal pública de que el oficialismo se aproximaba a un acuerdo pasó desapercibida en medio del papelón del lunes, cuando sesionaba Movilidad Urbana. Guido García, presidente de la comisión y coautor del proyecto de regulación (la redactora del texto original fue Angélica González, también de la Coalición Cívica) desistió de reiterar un pedido de informe al gobierno municipal sobre la iniciativa. “Venimos en diálogo con el Ejecutivo. Entendemos que la respuesta está en proceso y por lo tanto no vemos necesario tener que reiterarlo”, dijo.

Los golpes de un rato después entre taxistas y conductores de aplicaciones, difundidos por la prensa nacional, aceleraron las conversaciones. El intendente Agustín Neme llamó al presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, para empezar a reconducir el proceso. Hasta ese momento, la situación era bastante particular: la Coalición Cívica tenía un proyecto, la Libertad Avanza otro y la UCR otro –este último vinculado a la desregulación de las normas de taxis–, pero el gobierno municipal no se había pronunciado sobre ninguno.

El lunes, conductores de aplicaciones y taxistas se fueron a las manos cuando sesionaba la Comisión de Movilidad Urbana. 

El jefe comunal reunió en su despacho a los presidentes de bloque del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza. Les aseguró que el Ejecutivo contestaría los informes y les adelantó el contenido: para habilitar las aplicaciones había que trabajar sobre el proyecto de la Coalición Cívica, era plausible la propuesta del radicalismo para modernizar las ordenanzas de los taxistas y no convenía la unificación normativa propuesta por La Libertad Avanza. Invitó a los distintos socios del oficialismo a trabajar en un consenso sobre ese marco y al mismo tiempo hizo circular un punteo con aquellos aspectos que, a su entender, no podían faltar.

Cuando el jueves llegó al Concejo la postura del Ejecutivo sobre los distintos proyectos y Mar del Plata empezaba a enterarse de que, por primera vez en más de cuatro años, el municipio respondía sobre la cuestión, los jefes de bloque trabajaban en correcciones a los textos para llegar a la reunión de comisiones del martes con una postura común. El humo blanco salió el viernes a la tarde.

El proyecto de las aplicaciones con las últimas modificaciones incorporadas al que accedió LA CAPITAL crea un Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad en el Partido de General Pueyrredon. Serán esas empresas las obligadas a cumplir los requisitos vinculados a los conductores y los vehículos que se utilicen para el servicio.

A diferencia de lo que ocurre ahora, los conductores deberán tener licencia profesional (la D1) expedida por la Dirección General de Licencias de Conducir del municipio. Tendrán que acreditar la inexistencia de antecedentes penales con un certificado que deberán renovar una vez al año. Los autos necesitarán seguro para vehículos intervinientes en un servicio convenido por intermedio de una plataforma tecnológica y no podrán superar los 15 años de antigüedad desde la fecha de patentamiento. De esta forma, se desestimó la opción de crear un registro de conductores de aplicaciones y de establecer un cupo, lo que no cae del mejor modo entre las entidades de taxis.

El texto para modernizar la normativa de taxis dice que podrán cumplir con su servicio a través de una plataforma o aplicación tecnológica, y sus vehículos tendrán ya no 10 años de vida útil, sino 15, como los de las aplicaciones. 

Neme reunió en su despacho a los presidentes de bloque del oficialismo y sus aliados. Les pidió trabajar sobre el proyecto de la Coalición Cívica, y entregó un punteo con lo que a su entender no podía faltar. 

Montenegro ya había intentado sin éxito un consenso político para la habilitación de las plataformas de transporte. Fue después de que su postura comenzara con un compromiso con los taxistas para no hacerlo y derivara en un aval implícito, sin norma habilitante.

En aquel entonces, el que se oponía a la creación de un registro para regular las apps era el radicalismo, que consideraba que se iba a consagrar una competencia desleal para los taxis. Lo que cambió ahora no solo es que el uso de las plataformas se masificó, sino que la UCR aportó el proyecto que, según interpreta, equilibrará las obligaciones.

Neme levanta la mano y dice que también debe recordarse la eliminación del pago de transferencias de titularidad de las licencias de taxis y remises establecida en la ordenanza impositiva (que promediaba los $ 4,5 millones). Una vieja demanda de los taxistas.

La oposición no sale de su asombro. “Acá el que pega se lleva una ordenanza”, lamentó el kirchnerismo. Juan Manuel Cheppi y Gustavo Pulti también responsabilizaron al gobierno municipal y al oficialismo por el desmadre de la Comisión de Movilidad. Faltó una voz que convocara al diálogo, procurara armonizar los intereses de cada uno y bajara el tono de la confrontación, consideraron.

Montenegro ya había intentado un consenso político para la habilitación de las plataformas de transporte. Pero le faltó el aval de la UCR y derivó en una autorización implícita, sin norma habilitante.

Otro debate que se enciende en el Concejo es el de la reforma de la ordenanza 14.000, que regula la realización de espectáculos públicos en los locales gastronómicos. La propuesta del PRO busca extender el horario hasta las 4 de mañana y que se puedan realizar en cualquier sector de la ciudad. Existe en sitios como Alem y Güemes el temor genuino de una vuelta al pasado, a situaciones de nocturnidad y descontrol que creían superadas. 

Marcelo Cardoso, del PRO, intenta convencer de que esta vez no será igual. De que la reforma no habilita a que un restaurante, bar o café se transformen en un boliche, y de que las propuestas artísticas habilitadas serán de baja intensidad sonora. La tarea de persuasión no será sencilla. Tampoco antes los locales gastronómicos estaban habilitados a funcionar como boliche y alterar el barrio, y sin embargo lo hacían. 

Pulti promueve una iniciativa para que “toda flexibilización normativa que autorice la creación de corredores nocturnos en zonas residenciales en los que se permita música con amplificación” hasta después de la medianoche sea precedida obligatoriamente por una consulta pública. La semana pasada quedó en claro que prácticamente ningún sector político está dispuesto a acompañar esa forma de participación. El PRO y La Libertad Avanza consideraron que la verdadera intención es “bloquear” cualquier cambio. Los radicales tildaron la propuesta de “oportunista”. Y también la cuestionó el kirchnerismo. “Hay una impostura de la participación”, criticó el concejal Pablo Obeid.

Pudo haberse quedado allí, pero siguió. “Si uno va a hacer una norma y le va a hacer sacar los carteles a todos los comerciantes capaz que también está bueno hacer una consulta popular antes”. Era un proyectil a Pulti, expresado en presente pero referido al pasado: la reforma del Código de Publicidad que se estableció en el gobierno de Acción Marplatense.

Pulti se subió al ring. “Los sordos políticos suelen ser orgullosos. Suelen ser muy pedantes. Lo que no demuestran es pericia para entenderse con la gente”, devolvió.

Es el inicio de las hostilidades públicas entre Pulti y el sector de Fernanda Raverta rumbo a las elecciones 2027.