Una mujer siria, un tunecino, un marroquí y un argentino deberán afrontar un juicio oral en la justicia federal acusados de integrar una red dedicada a facilitar la permanencia ilegal de migrantes de Medio Oriente en Argentina, con epicentro operativo en Mar del Plata y cobros que alcanzaban los 30.000 dólares por cada gestión.

El pedido de elevación a juicio fue formulado ante el Juzgado Federal N°3, a cargo de Santiago Inchausti, por los fiscales Santiago Eyherabide, Alejandra Mángano y Santiago Marquevich. La acusación principal recae sobre H.H., de 53 años y nacionalidad siria, señalada como la articuladora central de las maniobras. Como partícipes necesarios quedaron imputados el tunecino H.A., de 33, y el marroquí A.N., de 51, mientras que el argentino W.A.T., de 62, responderá en calidad de partícipe secundario.

La investigación comenzó en marzo de 2024 tras un alerta de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal sobre un ciudadano egipcio que ingresó al país pidiendo asilo como refugiado, a quien las autoridades de su país vinculaban con un operador de Al Qaeda. Al radicarse en Mar del Plata, el hombre inició el trámite de ciudadanía ante la delegación local de Migraciones, declaró estar casado con una residente marplatense y dijo trabajar para el comerciante marroquí A.N.

El arsenal incautado en los allanamientos incluye nueve armas de fuego, -entre ellas, fusiles, subfusiles, carabinas y pistolas- municiones de diversos calibres y varias armas blancas.

A partir de allí, escuchas telefónicas y tareas de campo de la Prefectura Naval permitieron al descubierto un esquema aceitado: la organización coordinaba ingresos por pasos no habilitados, solicitaba falsos refugios para obtener residencias precarias y mantenía contacto directo con conexiones en Medio Oriente. En Mar del Plata la banda administraba inmuebles como centro de recepción y alojamiento —como el allanado en calle Gascón, donde hallaron a una pareja de origen turco—, fraguaba contratos laborales y coordinaba matrimonios ficticios.

En ese aspecto, la fiscalía solicitó el sobreseimiento con perspectiva de género de una mujer argentina de 46 años, madre de siete hijos —entre ellos una niña con discapacidad severa—, quien al quedar viuda y en extrema vulnerabilidad económica fue captada por la red para simular un matrimonio a cambio de dinero.

En los allanamientos simultáneos concretados el 13 de noviembre de 2025 en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Buenos Aires, las fuerzas federales secuestraron armas, municiones, pólvora y documentación clave. Tras los procesamientos dictados por Inchausti en diciembre de 2025 y confirmados por la Cámara Federal en abril de 2026, la causa quedó en las puertas del debate oral.