Los millones de dólares encontrados en los bolsos que el ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, intentó esconder en un convento bonaerense, están provocando un cimbronazo político y social gigantesco en un país que ya estaba consternado por el proceso judicial que viene destapando las riquezas inexplicables de Lázaro Báez. Son dos casos conectados por una misma raíz y con el mismo trasfondo político.

En realidad, la clase política no puede mostrar ingenuidad y mucho menos sorpresa por el escandaloso episodio protagonizado por López. Quienes hace varios años construimos una alternativa política para enfrentar al kirchnerismo encendimos más de una vez el alerta sobre muchas cosas que hoy estamos viviendo con justificada indignación.

También señalamos que las consecuencias de la corrupción eran la indigencia y la pobreza que golpea a millones de personas, del mismo modo en que denunciamos la degradación de los servicios públicos educativos, sanitarios, de salud, transporte y seguridad. Además de las denuncias públicas presentamos proyectos legislativos para reformular las políticas que en los últimos años dejó al país, y en particular a la provincia de Buenos Aires, en una situación de emergencia social que va a costar mucho esfuerzo encarrilar.

Los hechos que están saliendo a la luz son extremadamente elocuentes como para ignorarlos o relativizarlos. Nos exigen redoblar nuestro compromiso con la transparencia política para que se investigue seriamente y se castigue la impunidad de un grupo de funcionarios y amigos del poder que utilizaron los resortes y privilegios gubernamentales para enriquecerse de modo obsceno con los dineros públicos.

La verdad es que la sociedad está abrumada con los casos de López y Báez y reclama que la Justicia actúe en consonancia con la extraordinaria gravedad de lo que sucede. Es que el pueblo, tarde o temprano, quiere saber de qué se trata. No podemos engañarnos: hay jueces y fiscales que han mostrado escasa o nula vocación de servicio al momento de juzgar a los funcionarios del gobierno anterior que fueron denunciados por corrupción.

En esos casos también alzamos nuestra voz para reclamar cambios inmediatos en la Justicia y propusimos modificaciones en las leyes que penalizan los actos de corrupción política para que sean más severas y eficientes.

Si realmente queremos luchar en serio contra la corrupción debemos lograr que en los ámbitos legislativos, ejecutivos y judiciales actuemos de modo independiente pero coordinado, y que desarrollemos y apliquemos herramientas eficaces que garanticen la claridad y la transparencia de los actos de gobierno en cualquiera de sus instancias.

En el mismo sentido, los políticos debemos mostrar la mayor firmeza ética frente a los argumentos oportunistas de quienes buscan reciclarse políticamente y niegan la adhesión ciega e incondicional que hasta hace pocos meses tuvieron con el modelo, el proyecto y el relato kirchnerista. Es imperioso un cambio generacional que traiga aires frescos a la política y también renovados compromisos con la moral, la decencia y la austeridad en el ejercicio de la función pública.

Por otro lado, es imperioso que todos aceptemos que la lucha contra la corrupción también debe sostenerse con la más severa condena social para quienes actuaron de modo complaciente con un sistema de poder inmoral. Al mismo tiempo, debemos mostrar el mayor respeto y valoración por quienes, con seriedad y franqueza, se muestran abatidos, frustrados y decepcionados ante los escandalosos episodios de corrupción que se van conociendo y que lesionan gravemente sus legítimas convicciones.

Es en los momentos de mayor consternación colectiva cuando los políticos debemos extremar nuestra comprensión de los sentimientos, necesidades y anhelos de la sociedad a la que representamos. Para eso debemos reforzar nuestro compromiso cívico y actuar con la responsabilidad que el país requiere.

(*): Senador provincial del Frente Renovador.