Porque en algún momento de nuestra historia reciente los adultos entendimos que “los niños no son propiedad de nadie” sino sujetos de derechos, en el año 2005 nuestro país sancionó la Ley 26.061. Una ley que supo comprender la representación que los niños cumplen como actores activos de construcción en los espacios sociales donde se desarrollan; una ley que ha generado un importante cambio de paradigma en la protección de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes de la Argentina y que hoy nos permite “garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos”.

Teníamos ley pero no teníamos Defensor. Más de una década de desinterés por avanzar en un aspecto tan importante como éste hablan de una mirada sesgada y una política pública de infancia que no supo dar respuesta concreta para resguardar a una de las poblaciones más vulnerables, como son los niños/as y adolescentes.

En 2005 la ley aprobada dictaminó un plazo de 90 días para poner en acción las funciones de esta necesaria figura plasmada en su artículo 47; recién hoy – más de 4.000 días después – lo estamos haciendo. Se necesitaron 12 años y la activa participación y trabajo comprometido de diversas Organizaciones no Gubernamentales y referentes de la Infancia, para que Senadores y Diputados Nacionales diéramos este paso fundamental.

El Defensor del Niño no es un cargo más, es la principal manifestación del compromiso político que asumimos para comenzar a saldar la deuda con nuestra infancia; poniendo en funcionamiento un organismo independiente y autónomo que trabajará por la efectiva protección de sus derechos en todo el país y cumplirá, también, un rol esencial en la disminución de las persistentes brechas de desigualdad existentes entre los niños de nuestra Argentina.

Una figura que tendrá la importante tarea, no sólo de promover y proteger los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia plasmados en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en nuestra Constitución y Ley Nacional sino, también, la de ser portavoz de esos derechos para todos los niños de nuestro país. Asimismo, deberá velar y controlar el cumplimiento efectivo de esos derechos tanto en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, como en el sector público no estatal.

Los miembros de la Comisión Bicameral tendremos la responsabilidad de conferir todas las herramientas y recursos necesarios para que este nuevo organismo pueda trabajar de manera autónoma en pos de respetar los derechos e intereses de la infancia. Del mismo modo, asumiremos el compromiso de realizar un proceso de elección ágil y transparente, que nos permita – en un espacio de madurez política, sin mezquindades ni oportunismo – elegir al mejor Defensor posible. Como así también nacionalizar las políticas de la infancia, construyendo consenso en cada una de las 14 provincias que aún adeudan esta figura.

Hoy nuestro país tiene una enorme deuda: 4 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza. Sólo enfrentando este flagelo podremos pensar en niños y adolescentes como futuros hombres y mujeres libres.

Contar con una figura trascendental como la del Defensor nos permitirá seguir avanzando en políticas públicas de mediano y largo plazo para pensar y vivir una niñez sin pobreza, inclusiva, con pleno desarrollo y respeto a los derechos de los más chicos que son, también, los más vulnerables.

Porque sabemos que los derechos sin política pública se convierten en simples deseos, porque entendimos que es responsabilidad de los adultos protegerlos e impulsar el desarrollo y crecimiento en un ambiente saludable y contenido de todos los niños, necesitamos que estas expresiones se hagan realidad dando una respuesta efectiva, pensando y haciendo. Es hora de pasar del reconocimiento formal de sus derechos a su protección efectiva.

(*): Diputada nacional por Cambiemos-Buenos Aires.