Por Laura Impellizeri

Diputados aún sigue sin concederle a la Justicia el desafuero del legislador del Partido Justicialista (PJ) Carlos Cisneros, a pesar de las denuncias por trata de personas y asociación ilícita que recibió el último tiempo.

Por su parte, el bloque de La Libertad Avanza (LLA), mediante Lilia Lemoine, presentó un proyecto para solicitar el tratamiento del mismo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo antes posible.

El juez federal Guillermo Díaz Martínez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, fue quien notificó formalmente el pedido ante la Cámara baja, explicó cuál es la la situación procesal del legislador y solicitó el análisis del desafuero con el fin de avanzar con la investigación del caso.

Las distintas denuncias sobre Cisneros derivaron del caso sobre presunto abuso sexual (en el que estuvieron vinculados cuatro exjugadores del club Vélez Sarsfield) en la provincia de Tucumán durante el año 2024. En ese momento, uno de los futbolistas, José Florentín, señaló al diputado como parte de una estructura de la red de trata.

El legislador, que también ocupa el rol de secretario de Administración de la Asociación Bancaria, fue citado a mediados de este mes a indagatoria, ante la Justicia federal de Tucumán, y en su defensa, negó todas las acusaciones y aseguró tener la “conciencia tranquila”.

En la misma línea, sostuvo que las denuncias que recibió son parte de una “persecución política y judicial” en su provincia, luego de haber denunciado públicamente irregularidades en el Ministerio Público Fiscal local y por su enfrentamiento con el gobernador Osvaldo Jaldo.

Paralelamente, la fiscalía también investiga a personas del entorno del diputado, incluyendo a la abogada Patricia Neme, quien representó a la mujer que denunció el abuso de los jugadores de Vélez, y al colaborador de Cisneros, Federico Petraglia.

Asimismo, se habrían encontrado irregularidades en la adquisición de propiedades de alto valor en Tafí del Valle por parte del círculo cercano al diputado, aunque el foco continúa puesto en las averiguaciones por la red de trata de personas.

A pesar de su situación judicial, Cisneros continúa activamente en su banca en Diputados e, incluso, en diciembre del año pasadao, junto a La Asociación Civil Red de Defensa de Usuarios y Consumidores (REDECU), impulsó un amparo donde logró que el PAMI restituyera la cobertura del 100% en medicamentos para los jubilados.

Por su parte, el pasado 13 de marzo, la Asociación Bancaria publicó un comunicado en solidaridad con el diputado y dirigente del gremio, y calificó a las denuncias como “parte de un ataque a la organización”.

“Desde la Asociación Bancaria manifestamos nuestro total respaldo y solidaridad con el compañero Carlos Cisneros, quien está sufriendo un injustificado y falaz ataque.

A lo largo de su trayectoria sindical y política, ha defendido siempre y en cualquier ámbito los derechos de las y los trabajadores, priorizando su compromiso hacia ellos”, concluyeron desde el sindicato liderado por el diputado nacional Sergio Palazzo.

NA.