LA PLATA
Corresponsal

Organizaciones sindicales y sociales denunciaron que “en el período que lleva gobernando el frente Cambiemos (UCR-PRO)” se registraron en todo el país más de 2 casos por día de vulneración de derechos humanos y que cerca de 300 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.
Según un informe elaborado por la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) bonaerense, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de este año se registraron en Argentina 824 ataques a la libertad individual, sexual y política; hechos represivos y detenciones ilegales; casos de persecución sindical, ataques a la libertad de prensa y a la libertad de expresión.
De ese total, 298 casos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, y La Plata fue el distrito en el que se produjo la mayor cantidad de hechos.
La CTA relevó además 5 casos ocurridos en Mar del Plata.
El informe fue presentado por los secretarios adjuntos de la Central, Raúl Calamante y Daniel Pérez Guillén; la secretaria de Derechos Humanos de la CTA provincial, María Reigada, y la secretaria de Género de la Central a nivel nacional, Estela Díaz.
Según el trabajo, la cantidad de hechos relevados indican “un retroceso en materia de derechos humanos y un ataque sistemático vinculados a las libertades políticas, civiles, sindicales y sociales”.
Desde la CTA denunciaron además que la regresión se evidenció también en el “derecho a la información y haciendo presión para entorpecer y frenar la investigación sobre terrorismo de Estado, Juicios por delitos de Lesa Humanidad y el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia”.
“De esto se desprende que, al menos, existe la intención de instalar un nuevo paradigma o propuesta política social, en que la violencia del Estado ocupa un rol central disciplinado”, indiciaron los gremialistas, y agregaron: “a su vez que ocurre un empobrecimiento de los trabajadores, conformando un mapa de recesión-represión”.

La añoranza de Arroyo

Entre los hechos referidos a un retroceso en políticas de derechos humanos en Mar del Plata, la CTA señaló el momento en que el intendente local, Carlos Arroyo, destacó la “tranquilidad” que brindaba la dictadura cívico militar ?declaraciones del 3 de agosto-, las amenazas de bomba en el hotel donde se alojaba Hebe de Bonafini realizadas 3 días después y el intento de instalar una dependencia de Policía Federal en un ex Centro Clandestino de Detención (en septiembre).
La Central sindical también refirió ataques a los trabajadores en la cuidad balnearia, como el producido el 2 de febrero cuando el Supermercado Toledo se negó a reincorporar a un empleado que era postulado como delegado -pese al fallo de la Justicia a favor del trabajador- y la detención ilegal del periodista Bruno Ciancaglini, de “La Vaca”, ocurrida el 1° de diciembre.