La Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata rechazó el pedido de arresto domiciliario de Mónica Graciela Rodríguez, acusada de abandonar a dos ancianas que estaban bajo su cuidado. Una de las víctimas, de 89 años, fue encontrada en grave estado de salud, desnutrida, deshidratada, con escaras y sin las condiciones mínimas de higiene. La otra estaba postrada y tampoco recibía la alimentación, atención médica y rehabilitación que necesitaba.

La causa comenzó a fines de diciembre del año pasado, a partir de una denuncia que puso bajo la lupa el funcionamiento del denominado “Hogar de los Abuelos”, un geriátrico ubicado en Vieytes al 3400 que ya había sido clausurado por la Municipalidad. La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo y avanzó sobre las condiciones en las que permanecían los adultos mayores alojados allí.

La denuncia inicial describía un escenario de extrema vulnerabilidad. Según los elementos reunidos durante la investigación, los residentes habrían recibido psicofármacos como clonazepam y Rivotril, además de antibióticos, sin prescripción ni control médico y con la finalidad de mantenerlos sedados. También se investigaron presuntos castigos físicos y situaciones de temor entre los internos.

Uno de los episodios que agravó la investigación fue la muerte de una mujer ocurrida el 25 de diciembre. De acuerdo con la denuncia incorporada a la causa, la residente habría fallecido como consecuencia de una presunta gangrena que no había recibido el tratamiento necesario. A partir de ese hecho, la investigación pasó de una averiguación de ilícito a una causa por abandono de persona.

El 2 de enero, una inspección de urgencia realizada por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones y de Inspección General de la Municipalidad encontró a nueve ancianos dentro del establecimiento. Los investigadores y técnicos municipales constataron que el lugar no reunía, en principio, las condiciones mínimas de contención y salubridad requeridas para brindar cuidados geriátricos.

La fiscalía dispuso entonces la evacuación inmediata. Los residentes fueron entregados a familiares, mientras que una mujer de 87 años tuvo que ser trasladada por el SAME al Hospital Interzonal General de Agudos por un cuadro de desnutrición. Otra fue derivada a una institución municipal. El establecimiento quedó clausurado.

La investigación continuó con declaraciones de funcionarios y testigos y permitió, según la acusación, avanzar sobre la responsabilidad de Rodríguez. En junio, la Justicia ordenó su detención y la mujer fue encontrada en el mismo domicilio donde funcionaba el geriátrico. En ese momento, los investigadores constataron además que todavía había otros tres ancianos en el lugar, aunque se encontraban bajo el cuidado de una empleada. Rodríguez fue trasladada posteriormente a la Unidad Penal 50 de Batán.

Ahora, la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías vuelve a poner el foco en las condiciones en las que fueron encontradas dos de las víctimas por las que Rodríguez está imputada.

Una de ellas es María Ramona Fernández, de 89 años, quien padecía antecedentes de un ACV hemorrágico, hemiparesia izquierda y movilidad reducida. Cuando fue asistida presentaba lesiones en la piel, úlceras por presión y escaras sacras de grado II. Los médicos también describieron un cuadro de desnutrición, deshidratación, pérdida de masa muscular y falta de higiene.

La mujer se encontraba en un estado general que los profesionales calificaron como de abandono. Tenía las uñas largas y, según consta en la resolución judicial, presentaba hambre, sed y dolor en todo el cuerpo. Uno de los datos más graves consignados en el expediente es que tenía hormigas en la zona genital.

Según la hipótesis fiscal, Fernández permanecía alojada en un garage, sobre una cama común, sin colchón antiescaras ni cama ortopédica y sin recibir los cuidados mínimos que requerían sus patologías.

La segunda víctima es Aida Isolina Piñeyro, nacida en 1951. También estaba postrada y, siempre de acuerdo con la acusación, no recibía la asistencia necesaria para su alimentación ni para su higiene personal. La investigación sostiene que se encontraba desnutrida, sin atención médica y sin rehabilitación diaria de acuerdo con el cuadro que presentaba.

Por estos dos episodios, Rodríguez está imputada por dos hechos de abandono de persona y permanece detenida desde el 24 de junio. Su defensa solicitó que la prisión preventiva fuera morigerada y que pudiera cumplirla bajo arresto domiciliario en la casa de su hijo, quien manifestó estar dispuesto a recibirla y acompañarla.

El pedido ya había sido rechazado por el juez de Garantías Daniel De Marco y la defensa apeló ante la Cámara. Entre sus argumentos planteó que los riesgos procesales podían ser neutralizados con medidas alternativas, como monitoreo electrónico, controles periódicos, prohibición de ausentarse y otras restricciones.

La Fiscalía se opuso al planteo y señaló que Rodríguez había sido renuente a comparecer ante la Justicia. Según indicó el fiscal general adjunto Marcos Pagella, la imputada había dado distintas explicaciones sobre su paradero y se había dispuesto su averiguación de paradero en otra causa penal por defraudación por administración fraudulenta.

La Sala I, integrada para resolver el recurso, consideró que esas circunstancias continúan vigentes y que no se modificaron los parámetros de riesgo procesal que habían sido analizados al rechazar anteriormente la excarcelación.

Los camaristas también señalaron que la situación de Rodríguez no encuadra en los supuestos de excepción previstos por el Código Procesal Penal para disponer la morigeración de la prisión preventiva.

De esta manera, la Cámara confirmó la resolución del juez De Marco y rechazó nuevamente el pedido de arresto domiciliario. Rodríguez continuará detenida mientras avanza la investigación por los dos hechos de abandono de persona.