El jefe de la policía de Miramar quedó envuelto en una investigación por presuntas irregularidades en servicios de seguridad adicionales y fue desplazado de su cargo por Asuntos Internos.

Esta resolución afectó al comisario inspector Federico Heredia, al jefe de la policía comunal, subcomisario Javier Capur, a dos jefes de calle, Franco Sueldo y Nicolás Cena y a la jefa de administración de la policía comunal, oficial inspector Verónica Cáceres.

Según fuentes consultadas por LA CAPITAL, Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad recibió una denuncia anónima que informaba de irregularidades en el uso de horas de Policía Adicional (Polad) para brindar seguridad en tres supermercados chinos de Miramar.

Durante la investigación, Asuntos Internos recopiló pruebas y declaraciones testimoniales de policías que explicaron cómo se hacía la maniobra, por lo que entendió que esas horas de Policía Adicional habían sido otorgadas a efectivos que se encontraban de servicio, cuando se deberían dar a quienes están de franco.

Como los encargados de otorgar las horas Polad son los jefes, Asuntos Internos responsabilizó directamente al comisario inspector Heredia, al subcomisario Capur y a otros tres policías con rango jerárquico y los desplazó de sus cargos mientras avanza con la investigación.

El comisario Heredia había asumido el 11 de enero de 2013 al frente de la policía comunal de Miramar. Si bien Heredia ya había cumplido los años de servicio necesarios para retirarse, según las mismas fuentes consultadas, su desplazamiento del cargo se debe a estas irregularidades detectadas.

Por su parte, Capur había reemplazado al jefe de la policía comunal de Miramar, Andrés Caballero, quien fue desplazado de su cargo por las actuaciones realizadas por la policía en las primeras horas posteriores a la denuncia por abuso sexual en el camping El Durazno, en las que la familia de una nena de 14 años aseguraba que un grupo de jóvenes marplatenses -todos mayores de edad- habían violado a la menor. De acuerdo a la versión judicial, el traslado de los detenidos y la preservación de la escena criminal no habrían sido realizadas bajo los protocolos de procedimiento.