La reunión entre el ministro del Interior Guillermo Francos, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y con el intendente Guillermo Montenegro dejó sensaciones positivas en el Ejecutivo municipal y también fue valorada por parte del sector pesquero.

El presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA), Lisandro Belarmini, destacó la apertura del gobierno nacional para considerar la profunda preocupación del sector pesquero frente a las reformas planteadas para la Ley Federal de Pesca. Tras el reconocimiento por parte del ministro del Interior, Guillermo Francos, de la importancia de “sentarse en una mesa de diálogo para analizar todos los aspectos” de la reforma, Belarmini subrayó el alto nivel de rechazo que estas propuestas habían despertado.

“Ningún actor del mundo empresarial, del trabajo, de la política o de la comunidad en general ha respaldado esta reforma. Existe una comprensión compartida sobre las devastadoras consecuencias de estas medidas tendrían en el sector y en el país”, señaló Belarmini.

Además, Belarmini hizo hincapié en que cualquier modificación tan amplia y profunda requiere tiempo y participación de todos los actores involucrados y debe contemplar el “rostro humano” inherente a una actividad que por su naturaleza no sólo es económica. “No podemos imponer cambios de la noche a la mañana. Necesitamos un proceso de maduración que permita la construcción de consensos para garantizar una pesca competitiva, generadora de riqueza y sostenible a largo plazo”, indicó.

El presidente de ADPA advirtió que por el contrario las disposiciones propuestas representan “un grave riesgo para el sector pesquero argentino” y amenazan la sustentabilidad ambiental, cultural, económica, laboral y jurídica de la industria. Entre otras objeciones, destacó que el proyecto implica una apertura del Mar Argentino a flotas extranjeras mediante una licitación internacional de cuotas, lo cual “afectaría la cadena de valor que genera 80 mil empleos”.

Belarmini también señaló que esta reforma podría tener implicaciones geopolíticas, afectando la posición Argentina en términos de control y gestión de sus recursos pesqueros. Al respecto, citó el caso de Chile, donde una medida similar tuvo consecuencias profundamente negativas.

El presidente de ADPA destacó la actuación de los gobernadores y del intendente Guillermo Montenegro ante la ola generalizada de rechazos que provocó la propuesta, destacando que ha sido una demostración de que se ha comprendido a todo nivel cuál es el impacto negativo de estas modificaciones.

Belarmini recordó que el Régimen Federal de Pesca que se pretende modificar, ha permitido ordenar de manera efectiva la pesquería, posibilitando la recuperación biológica de uno de los principales recursos: la merluza común. Subrayó que este sistema es reconocido internacionalmente como uno de los mejores disponibles.

En la actualidad, el sector pesquero argentino opera con permisos nacionales y provinciales para 885 buques pesqueros, incluyendo flotas artesanales, fresqueros de altura y buques procesadores congeladores, así como 140 establecimientos procesadores en tierra. Belarmini advirtió que un cambio en el sistema jurídico o regulatorio tendría un impacto inmediato en las exportaciones del sector, que en 2022 alcanzaron los USD 1.823 millones, lo que implicaría una gran pérdida de mercados internacionales y un esfuerzo significativo para recuperarlos.

“A pesar de la enorme preocupación que genera esta situación, desde ADPA consideramos esencial seguir trabajando en la defensa de los intereses del sector pesquero y en la promoción de un desarrollo sustentable que garantice el bienestar de las comunidades que dependen de esta actividad”, concluyó Belarmini.