El Ministerio de Economía redujo a US$50 millones el monto máximo de colocación del AO29 en la licitación que se realizará este miércoles, mientras que en la segunda ronda el volumen será similar.

Esto significó un cambio respecto a las operaciones previas donde, en la licitación primaria, los montos fueron muy superiores.

De hecho en las dos primeras subastas de este título (15 y 29 de julio), con sus respectivas segundas vueltas, la Secretaría de Finanzas colocó US$1.126 millones, sobre un máximo de emisión de US$2.000 millones.

Ahora, la Secretaría de Finanzas redujo sensiblemente el cupo a colocar, en un contexto en el que la oferta de dólares se redujo y el Banco Central morigeró el ritmo de compra de reservas.

La licitación se completa con la oferta de una serie de bonos en pesos y dólar linked con vencimiento de corto plazo dentro del actual mandato de Javier Milei, abandonando la política de estirar los plazos.

Los vencimientos a cubrir demandan $4,5 billones y la totalidad está en manos del sector privado, según un informe de PPI.

Los analistas pondrán el foco en cuál es la estrategia de Economía: si libera pesos para reactivar la actividad o si los sigue quitando para no azuzar la inflación.

“Es clave el trade off entre tasas y dólar. Llega un punto en el que el equipo económico debe elegir entre mantener las tasas en pesos contenidas o seguir utilizando herramientas para evitar que el tipo de cambio supere los $1.500”, señaló PPI.

A su análisis agregó que “el dilema surge porque la estrategia de contención cambiaria ha requerido una creciente oferta oficial de cobertura cambiaria, principalmente mediante instrumentos dólar linked, que al mismo tiempo han absorbido pesos del sistema”.

“Con el spot rozando los $1.500 la semana pasada, este trade off podría intensificarse en las próximas ruedas, al menos hasta la licitación del miércoles, cuya liquidación será el viernes”, concluyó.

En la última licitación Finanzas absorbió $ 3,7 billones por encima del vencimiento y los colocó mayoritariamente en la cuenta del Banco Nación para evitar impacto en la liquidez del sistema.

Una serie de declaraciones que generaron algún grado de confusión sobre el destino de esos fondos terminó en un cruce de demandas judiciales entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la diputada, Marcela Pagano.