Los inquilinos que en el mes de mayo deban enfrentar el ajuste anual establecido en la Ley de Alquileres, a pesar del anuncio de su suspensión, se encontrarán con una suba interanual de hasta el 98%, el máximo registrado desde que rige la normativa y, sobre todo, el más alto de las últimas décadas.

El fracaso de la Ley de Alquileres (N°27.551), que entró en vigencia hace más de dos años y recientemente el gobierno nacional anunció que será suspendida aunque sin brindar mayores certezas al respecto, dejó tanto a los inquilinos como a los propietarios en una situación por demás delicada, con incrementos en muchos casos imposibles o inconvenientes de afrontar.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya publicó el nuevo Índice de Contratos de Locación para el mes de mayo, que roza el 100%.

La situación varía de acuerdo a la quincena en la que se renueva el año de contrato. Concretamente, aquellos que deban hacerlo en los primeros 15 días de mayo, afrontarán un ajuste del 95,43%, mientras que para aquellos que renueven del 15 en adelante, el índice será del 98,51%. Todo indica que en junio llegará al 100%.

De esta manera, por ejemplo, un inquilino que paga $30.000 mensuales por un departamento, pasará a abonar cerca de $60.000, mientras que aquellas propiedades por las que se paga un alquiler de 50.000, empezarán a abonar casi $100.000, es decir, el doble.

Los incrementos establecidos a raíz de este índice que contempla la ley, cabe señalar, superan ampliamente en la mayoría de los casos a los incrementos salariales, por lo que muchos inquilinos se ven imposibilitados de pagar el nuevo valor.

Posponen contratos

Distintas inmobiliarias aseguran que en Mar del Plata comenzaron a posponerse contratos de alquiler que estaban a punto de firmarse, luego de que días atrás comenzara a circular información que indica que el gobierno analiza suspender la ley que regula la actividad.

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos piden “certezas” en torno a la normativa. Esperan una comunicación oficial por parte del Gobierno que arroje certidumbre acerca de que ocurrirá con la ley.