Lo que durante años se movió entre las sombras de los tribunales de Mar del Plata y los registros de La Plata salió finalmente a la luz. No era un error administrativo ni una serie de casos aislados; era una maquinaria aceitada, una asociación ilícita con roles jerárquicos y una sede central bien definida: el estudio jurídico de la calle 19 N°993 de Miramar. Desde allí, el abogado Alfredo Adrián Bovati coordinaba una red que incluía a colegas, escribanos, agrimensores y “soldados” encargados de poner el cuerpo y el nombre para materializar los despojos.

La organización criminal, cuya operatividad se extendió con fuerza entre 2013 y 2016, funcionaba bajo una jefatura clara ejercida por Bovati y su socio principal, José Luis Martínez Crisóstomo. La banda se especializaba en la elaboración de documentos públicos y privados apócrifos para transferir ilegalmente la titularidad de inmuebles y obtener su disponibilidad jurídica. El entramado contaba con una división técnica precisa donde otros abogados -que no aceptaron como sus jefes un acuerdo con la fiscalía e irán a juicio- se encargaban de la confección de escritos y el diligenciamiento de oficios ante el Registro de la Propiedad Inmueble en La Plata, mientras que el agrimensor aportaba las cédulas catastrales necesarias para dar apariencia de legalidad a las parcelas.

Días atrás se conoció el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 4, en el juez Federico Cecchi dictó sentencia condenatoria bajo la modalidad de juicio abreviado. Bovati fue condenado a la pena de 7 años y 8 meses de prisión, mientras que  Martínez Crisóstomo recibió 5 años de prisión de efectivo cumplimiento. Ambos fueron inhabilitados especialmente para el ejercicio de la abogacía por el mismo plazo de sus condenas. El juez valoró como agravantes la condición de abogados de los imputados, señalando que utilizaron su conocimiento jurídico para facilitar y coordinar los perjuicios patrimoniales. Asociación ilícita, estafa, uso de documento público falso, fueron los delitos atribuidos en gran cantidad de operaciones.

La maniobra central de esta “industria” de la estafa consistía en la creación de expedientes judiciales fantasma que simulaban trámites de subastas o cobros ejecutivos. Uno de los hechos más documentados por la fiscalía de Delitos Económicos es el ocurrido con el inmueble ubicado en la calle Serrano al 4100, en Mar del Plata (Matrícula 23.573). En julio de 2016, los miembros de la banda presentaron un oficio falso ante el Registro de la Propiedad, simulando una orden del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Mar del Plata bajo una carátula inexistente: “Islas, Miguel Ángel c/ Puente, Pablo s/ Cobro Ejecutivo”.

La pericia caligráfica realizada sobre este documento fue devastadora: confirmó que se habían insertado firmas atribuidas falsamente al juez Heber Amalfi y al secretario Félix Ferrán. No solo las firmas eran apócrifas; el sello del juzgado presentaba una tipografía que no coincidía con las oficiales y el folio de seguridad utilizado, el número 135478, pertenecía originalmente a una serie de la ciudad de La Plata que nunca debió haber estado en un juzgado marplatense. Mediante este engaño, lograron que “Juan Carlos Ríos” figurara como el nuevo titular, desplazando a la legítima dueña, Ileana Verónica Di Leva.

Gascón 31, otro de los objetivos de la banda.

El alcance de la organización no se limitó a terrenos baldíos. En Mar del Plata, la banda operó sobre un departamento estratégico en la calle Sarmiento al 2200 (Unidad Funcional 97, Matrícula 138.737). Para esta propiedad, coordinaron la inscripción del bien a nombre de terceros mediante el uso de oficios judiciales que levantaban inhibiciones preexistentes de manera ilegal. Una abogada, actualmente procesada, fue identificada como la persona que diligenció físicamente esta documentación en La Plata, aprovechando su acceso al sistema registral como profesional del derecho.

Pero entre los casos confirmados hay uno paradigmático: un matrimonio de jubilados Buenos Aires tenía una casa en Mendoza 3601 y un departamento en Gascón 31. El hombre había fallecido y en la casa del barrio Los Troncos había un cuidador. Está situación fue investigada por la banda, que generó un falso boleto de compra y venta. De inmediato, con esa “operación” se hizo una segunda transferencia y el “nuevo titular”, Juan Carlos Ríos, se apareció en la casa diciendo al cuidador que se tenía que ir. Por la fuerza se quedó también con las llaves del departamento de la calle Gascón.

En Miramar, la actividad se concentró en zonas de alta valorización como Parque Bristol. Allí, en la Manzana 76, parcelas 4 y 5 (Matrículas 210.573 y 210.574), inscribieron bienes a nombre de Norberto Lorenzo Pero. La supuesta base legal era una “transacción judicial homologada” en el Juzgado N° 4 que, tras el cotejo de los investigadores, resultó ser otra invención del estudio de la calle 19. Para perfeccionar estas maniobras, la banda utilizaba a inversores de la comunidad zíngara, quien según las pruebas, entregó vehículos de alta gama y sumas cercanas a los 150.000 dólares para financiar la “limpieza” de los papeles y la posterior reventa de los terrenos.

Las escuchas

La justicia logró penetrar el corazón de la banda mediante la intervención del teléfono de Bovati, donde se registraron más de dos mil comunicaciones solo con Martínez Crisóstomo. Estas charlas exponen la frialdad con la que se manipulaba la fe pública. El 22 de septiembre de 2016, quedó registrada una conversación entre Bovati y Juan Carlos Ríos, alias “Charly”, que ilustra la fabricación de pruebas:

—Ríos: “Che, ¿y a qué le llamás fecha vieja?”

—Bovati: “Y… fecha vieja lo tenemos que armar en, qué sé yo… ¿un año para atrás?”

—Ríos: “No, un año menos… en mayo o junio, entendés. Porque el tema es que yo lo pueda meter fuera de… abril ponele… Porque nosotros lo firmamos en abril el boleto de él”.

Este diálogo no es aislado. En otra comunicación del 14 de septiembre de 2016, Bovati coordina con un gestor la entrada de documentación al Registro de La Plata, mencionando la necesidad de que ciertos folios “pasen” sin levantar sospechas debido a que correspondían a series que ya no deberían estar en circulación. La obsesión por la logística era tal que los imputados discutían incluso el tipo de tinta y el desgaste de los sellos de goma para que los documentos parecieran antiguos.

Para que el mercado inmobiliario absorbiera estas propiedades “robadas”, la banda necesitaba que el catastro coincidiera con la mentira jurídica. Aquí entraba en juego el agrimensor. Su función era confeccionar cédulas catastrales y estados parcelarios que dieran fe de la existencia física de los lotes bajo los nuevos (y falsos) dueños. En la zona de Diagonal Vélez Sarsfield y calle 2 de Miramar, este trabajo técnico permitió que lotes en disputa fueran ofrecidos a compradores de buena fe que, al ver los planos firmados por un profesional y los títulos inscriptos, no dudaban en entregar sus ahorros.

Los prestanombres o “soldados” eran el último eslabón. Recibían pagos por poner su firma en las escrituras y aparecer en las oficinas públicas. Muchos de ellos eran personas con necesidades económicas que se prestaban al juego sin dimensionar que estaban siendo la cara visible de una asociación ilícita que movía millones de dólares.

En una imprenta de Rivadavia al 2500 de Mar del Plata, se secuestraron sellos y firmas escaneadas de magistrados. El responsable declaró que Bovati le llevaba fotocopias de sellos y él debía digitalizarlos y armarlos en la computadora para que el abogado se los llevara en un pendrive. Incluso se hallaron indicaciones manuscritas de Bovati sobre cómo debían ser los sellos, incluyendo un error tipográfico persistente: el nombre de la secretaria Virna Rondinella figuraba como “Vilma”.

“No dejes tocar la compu”

La estructura comenzó a crujir cuando un empleado del Registro de la Propiedad en La Plata detectó una irregularidad en un folio de seguridad presentado para un inmueble vinculado a la sucesión de Omar Rubio. Al consultar al juzgado de Mar del Plata, la respuesta fue tajante: el oficio era falso. Esto disparó una serie de allanamientos el 28 de octubre de 2016.

Las escuchas de esa mañana captaron el pánico en el estudio de Miramar. Una colaboradora llamó a uno de los abogados gritando: “¡Fabián, tengo a la policía acá, me quieren hacer una orden de allanamiento!”. Inmediatamente, Bovati llamó a Martínez Crisóstomo con una instrucción desesperada: “José, ahí están haciendo un allanamiento… ¿Vos estás muy mal para ir a abrir? Y la compu… no dejes tocar la compu”. El intento de ocultar la evidencia digital fue inútil; los investigadores secuestraron computadoras, sellos de goma con nombres de jueces y secretarios, y carpetas rotuladas con las direcciones de las casas que estaban en proceso de ser “expropiadas” ilegalmente.

La sentencia dictada tras el juicio abreviado no solo castiga a los culpables, sino que deja en evidencia la vulnerabilidad del sistema. La fiscalía de Delitos Económicos remarcó que la banda no solo afectó el patrimonio de particulares, sino que atacó la “fe pública”. El uso de un estudio jurídico como base de operaciones permitió que la mentira tuviera un barniz de profesionalismo que engañó a compradores, empleados públicos y colegas. La fiscalía remarcó que la banda aprovechaba situaciones de vulnerabilidad, como inmuebles de titulares fallecidos sin herederos o sociedades desintegradas

Hoy, mientras Bovati y Martínez Crisóstomo enfrentan las consecuencias penales de sus actos, y los demás procesados aguardan por su suerte, las víctimas directas como Ileana Di Leva o los herederos de las sucesiones intervenidas continúan en un laberinto judicial para intentar recuperar sus propiedades.