El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires advirtió que “la crisis del PAMI amenaza con desbordar los hospitales públicos” y reclamó “respuestas urgentes” al Gobierno nacional ante el deterioro de la cobertura sanitaria de jubilados y pensionados.

A través de un comunicado, la entidad denunció el desfinanciamiento del organismo, las deudas con profesionales e instituciones y el impacto de los recortes sobre la atención médica. Además, cuestionó el congelamiento y el retraso de los aranceles, las cápitas y los módulos quirúrgicos, que, según señaló, comprometen la continuidad de las prestaciones.

Uno de los principales puntos de preocupación, según explicaron, es el traslado de pacientes al sistema público cuando se interrumpen convenios o los sanatorios dejan de atender por las condiciones económicas de los contratos, algo que se viene evidenciando en Mar del Plata, tal como informó LA CAPITAL, en línea con la preocupación que viene exponiendo el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

“La interrupción de convenios y la negativa de atención en sanatorios no hace desaparecer la enfermedad”, señalaron desde el Colegio, y advirtieron que esa demanda recae de manera inmediata sobre hospitales provinciales y municipales, cuyas guardias y salas de internación ya funcionan bajo una fuerte presión asistencial.

En Mar del Plata, por ejemplo, en la Guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) las consultas de afiliados de PAMI aumentaron un 52,5% entre julio y agosto. En materia de internaciones, los ingresos de pacientes de PAMI se incrementaron un 11,4%, aun cuando las internaciones totales del hospital disminuyeron un 5%, según los datos de la Dirección del nosocomio.

El Colegio de Médicos también alertó sobre las consecuencias para los adultos mayores, especialmente vulnerables frente a las demoras, la interrupción de tratamientos y las dificultades para acceder a medicamentos, consultas y cirugías.

“Los profesionales de la salud no somos variables de ajuste ni escudos de contención del desamparo estatal”, enfatizaron, al vincular la situación con el deterioro de los honorarios, la sobrecarga asistencial y las dificultades para trabajar con los insumos necesarios.

Sin respuestas ni diálogo

En este contexto, el Colegio cuestionó “la falta de respuestas institucionales y el bloqueo de los canales de diálogo” con las autoridades sanitarias nacionales. En esa línea, la entidad reclamó que el conflicto sea abordado como un problema de salud pública y no exclusivamente como una cuestión administrativa o presupuestaria.

Como medidas urgentes, se exigió la convocatoria a “una mesa de diálogo resolutiva” entre el Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI y las entidades prestadoras; la adecuación inmediata de los aranceles y las cápitas a los costos operativos reales; la cancelación de la deuda acumulada con instituciones y profesionales; y garantías estatales para asegurar la continuidad y la calidad de las prestaciones.

Finalmente, el comunicado concluyó que la defensa de los afiliados, de quienes brindan atención y de las instituciones que integran la red prestacional, requiere respuestas concretas y no más dilaciones. “Defender al PAMI, a sus prestadores y a los profesionales médicos es defender la vida de nuestros mayores y el derecho inalienable del pueblo a una atención digna y oportuna”, sostuvo la entidad.