El Concejo Deliberante convocó para hoy a una sesión especial para llevar adelante la interpelación contra los secretarios de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle y de Educación, Luis Distefano.

Ambos funcionarios fueron citados para que brinden explicaciones sobre el decreto 2272/18, mediante el cual la gestión del intendente Carlos Arroyo dispuso recortar las remuneraciones de los docentes municipales, aplicando una reducción de la bonificación especial que perciben desde hace casi 30 años por desempeñarse dentro del sistema educativo dependiente de la comuna.

Se espera que en el transcurso de la reunión ambos funcionarios describan los fundamentos y el propósito de esa medida, que en un principio fue rechazada por el Concejo a través de la aprobación de una ordenanza mediante la que se dispuso que el plus siguiera siendo liquidado tal como se lo venía haciendo. Pero todo volvió ayer a estar igual que antes: el intendente Arroyo decidió vetar la norma.

La interpelación se desarrollará en un contexto en el que el arroyismo exhibe una notoria debilidad política dentro del Concejo, debido al cada vez mayor distanciamiento que están protagonizando varios de sus aliados dentro del interbloque de Cambiemos.

En los últimos meses el radicalismo viene planteando abiertas críticas contra la gestión del intendente y en particular contra la actuación de su secretario de Economía, a la vez que otros concejales, como Angélica González, de la Coalición Cívica, nunca dejó de asumir posturas contrarias a las del gobierno.

La semana pasada a esa situación se le sumó la decisión del concejal del PRO, Guillermo Volponi, de apartarse de la bancada de Agrupación Atlántica, para constituir un bloque propio.

En este contexto, ayer se produjeron algunos episodios llamativos, como la decisión de la concejal González, de la radical Natalia Vezzi y de Mauricio Loria (Agrupación Atlántica) de solicitar licencia, por lo que ninguno de ellos participará de la sesión.

Por otro lado desde la oposición existe una postura sumamente crítica contra la decisión del Ejecutivo de recortar la bonificación de los docentes por lo que se espera que, en el caso de que la reunión se lleve adelante, sus concejales intenten demostrar que más allá de las justificaciones del Ejecutivo, la gestión de Arroyo lleva adelante una política salarial a la baja y que incluso, estaría preparando el terreno para “provincializar” el sistema educativo municipal.

Ambos conceptos fueron planteados reiteradas veces y con claridad por Unidad Ciudadana, Acción Marplatense, 1País, Sumar e incluso la UCR durante una sesión realizada semanas atrás, en la cual el Concejo dispuso revertir el recorte de las remuneraciones docentes.

Se espera que entre las preguntas, también se reclamen explicaciones sobre los motivos por los cuales, a partir de 2017, los aportes que realizan la Nación y la Provincia para financiar el sistema educativo municipal comenzó a reducirse de manera notoria hasta cubrir apenas -tal como lo reconoció Distefano- el 52,2% del costo salarial.

Cabe recordar que esos aportes fueron establecidos de manera permanente a través de un convenio que fue ratificado por un decreto presidencial, por el cual se dispuso que la Nación y la Provincia subvencionarían de forma “permanente” la “totalidad” de los gastos del servicio educativo de la comuna local.

Sin embargo a mediados de este año el intendente Carlos Arroyo firmó un acuerdo mediante el cual aceptó recibir durante el actual ejercicio muchos menos recursos económicos que los requeridos.