El Concejo Deliberante debatirá un proyecto impulsado recientemente por el concejal Mario Rodríguez, con el apoyo de ediles de otros bloques, que exige soluciones al Ejecutivo local y al Gobierno provincial en medio de la crisis que atraviesa el sector de los transportistas de personas con discapacidad de la ciudad a raíz de las elevadas deudas que mantienen distintas obras sociales con los prestadores de estos servicios.

El jueves pasado, transportistas de personas con discapacidad llevaron adelante un paro total de actividades y se manifestaron en las puertas de la Municipalidad: afirman estar en “estado de emergencia” y “con serio riesgo de desaparecer” como consecuencia de los “alarmantes” atrasos en los pagos de las obras sociales y falta de actualización de los aranceles en el nomenclador nacional.

El sector sufre la problemática cada vez con mayor intensidad. Algunas obras sociales adeudan abultadas sumas de dinero y la situación está derivando en que personas con discapacidad de Mar del Plata y Batán “no tengan garantizados los traslados” a los centros de día y lugares de tratamiento y rehabilitación para mejorar su calidad de vida.

A raíz del reclamo de los transportistas, que el jueves volvieron a manifestarse con sus móviles y con el apoyo de las familias de los beneficiarios en Luro e Hipólito Yrigoyen, el viernes ingresó al Concejo Deliberante un proyecto que apunta a solicitar la intervención del Ejecutivo en esta situación y a la vez requiere la actuación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El expediente que ingresó al Concejo solicita al Ejecutivo que “se dé cumplimiento a la brevedad de las deudas que las obras sociales estatales, sindicales y privadas mantienen con los prestadores del transporte privado de personas con discapacidad”.

A su vez, propone que el Concejo Deliberante exprese ante el Gobierno bonaerense la necesidad de que “realice las gestiones necesarias con el fin que se dé cumplimiento a la brevedad” de estas mismas deudas, debido a que en algunos casos, como advirtieron desde la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atpcd), la solución escapa al plano local y requiere la intervención del Ejecutivo provincial.

Al respecto, el concejal Rodríguez manifestó que, de acuerdo a lo expuesto por los transportistas, sus reclamos “hacen referencia a la actual situación económica que atraviesa el país” ya que “no pueden sobrellevar adelante una situación desesperante y hace peligrar el normal cumplimiento con las obligaciones patronales, logística y funcionamiento, poniendo en riesgo la continuidad de la prestación a los concurrentes y por ende la pérdida de una invalorable y calificada fuente de trabajo”.

El expediente señala finalmente que la situación que exponen los transportistas refiere un importante “riesgo” hacia la población de Personas con Discapacidad del Partido de General Pueyrredon de “perder el derecho a percibir los diferentes servicios, que les resultan imprescindibles para su calidad de vida”.