Tras la vigilia del 9 de Julio en Tucumán, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete clave en Buenos Aires para definir la prioridad de la agenda legislativa de cara al reinicio de la actividad parlamentaria en agosto. En el centro de las negociaciones con los gobernadores y los bloques dialoguistas, el Poder Ejecutivo colocó un objetivo fiscalmente sensible: la aprobación definitiva de la reforma al Régimen de Zona Fría para achicar drásticamente los subsidios al consumo de gas residencial.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a referentes parlamentarios como Martín Menem y la senadora Patricia Bullrich, lideran las conversaciones con la oposición aliada. La meta de la Casa Rosada es que el Senado sancione el proyecto tal como vino de la Cámara de Baja, barriendo con la ampliación de subsidios que se había aprobado por ley en el año 2021. Desde el oficialismo argumentan que aquella reforma “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema”, extendiendo el beneficio a regiones sin extremos climáticos y disparando el gasto público.

Quiénes mantienen el beneficio y qué zonas quedan afuera

El nuevo esquema legislativo plantea una división tajante en el mapa del gas:

Zonas que mantienen el subsidio generalizado: La iniciativa preserva los beneficios históricos para el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes en la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Zonas que pierden el beneficio masivo: En las localidades incorporadas al régimen a partir de 2021, el descuento generalizado en la boleta de gas queda eliminado. El beneficio estará restringido únicamente a las familias de menores ingresos que califiquen dentro del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), implementado por decreto.

El mayor impacto político y económico de esta poda se sentirá en la provincia de Buenos Aires, donde un total de 55 ciudades perderán el subsidio automático. Entre las localidades afectadas se encuentran centros urbanos de alta demanda invernal como Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Azul, Olavarría y la mayor parte del corredor de la Costa Atlántica. La medida también golpeará con dureza a departamentos de Córdoba y Santa Fe que habían sido anexados al beneficio en la gestión anterior.

Tensiones con los gobernadores y el resto de la agenda

Pese al apuro de Balcarce 50, la reforma genera fuertes resistencias en senadores de extracción radical y provincial. Los legisladores mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, entre otros, ya plantearon reparos por el impacto que la quita tendrá en las clases medias de sus distritos, lo que obliga al oficialismo a un fino trabajo de orfebrería política para garantizar las voluntades en el recinto.

Aunque el debate por la tarifa del gas acapara la atención de las provincias, la Casa Rosada presiona en paralelo con otros tres ejes de su paquete estructural:

Reforma Electoral: Negociada para septiembre, incluye la eliminación de las PASO, modificaciones al financiamiento partidario, Ficha Limpia y un borrador para habilitar listas colectoras bajo el sistema de Boleta Única de Papel.

Autonomía del BCRA: Una reforma de su Carta Orgánica coordinada por Luis Caputo y Federico Sturzenegger para prohibir por ley que la entidad financie al Tesoro Nacional.

Ley de Inocencia Fiscal: Una herramienta orientada a facilitar que los cerca de USD 170.000 millones que los argentinos guardan fuera del sistema bancario (“bajo el colchón”) ingresen al circuito formal para financiar proyectos productivos y pymes.

El Senado tiene prevista una última sesión el 16 de julio antes del receso invernal, pero la verdadera batalla por el costo de las boletas de gas y el nuevo mapa de la “Zona Fría” se librará a partir del 6 de agosto, cuando la Cámara Alta retome formalmente las deliberaciones.