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El País 11 de diciembre de 2025

El Gobierno envía al Senado la reforma laboral y quiere un trámite exprés

La apertura del debate será el martes.

El Gobierno giró hoy al Congreso el proyecto de reforma laboral que modifica las principales leyes del derecho del trabajo y que el oficialismo quiere tratar en forma exprés en el Senado, aunque para eso deberá construir una mayoría junto a sus aliados.

El objetivo de la bancada de la Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, era tratarlo hoy en comisiones, pero ayer debió demorarse la apertura del debate hasta el martes, por lo cual recién podrá abordar la iniciativa en el recinto cerca de fin de año.

Bullrich pidió que envíen el proyecto al Senado ya que tomó su sanción como un desafío personal, dado que desde hace décadas tiene un fuerte enfrentamiento con sectores sindicales, en especial con el jefe camionero, Hugo Moyano.

Fuentes legislativas informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el objetivo es comenzar a armar las mayorías para tener los 37 votos que permitan aprobar la iniciativa que establece modificaciones sustanciales en las leyes de Contrato de Trabajo, el régimen de asociaciones sindicales y el sistema de negociación colectiva.

El oficialismo tiene 21 miembros entre propios y el Frente Cívico de Luis Juez, y espera sumar cuatro del PRO y 10 de la UCR, y debe obtener al menos dos votos más de bloques provinciales.

Mientras tanto, el interbloque peronista, de 28 senadores, también busca conseguir otros siete legisladores para bloquear la reforma laboral y buscará por eso acuerdos con representantes de provincias del sur debido al impacto que puede tener la caída de convenios en áreas petroleras, señalaron fuentes parlamentarias.

El primer objetivo del oficialismo es conformar la Comisión de Trabajo y Previsión Social con una mayoría entre propios y aliados que permitan tener un dictamen de mayoría, lo que no sucederá antes del martes, ya que ese día la vicepresidenta Victoria Villarruel llevará adelante una reunión con jefes de bloques para la conformación de esos organismos asesores.

El proyecto contempla la caída de los convenios por ultraactividad, el cambio en vacaciones, indemnizaciones, limitación de las asambleas, imposición de severas sanciones a los gremios que tomen o bloqueen empresas, además de establecer un mecanismo para el pago de cuotas sindicales, que será rechazado de plano por los gremios.

Otro punto del debate serán los puntos impositivos, ya que varios legisladores, como la senadora Carolina Moisés, señalaron que no puede ser tratado por el Senado sino que debe ingresar por Diputados, con lo cual no se descarta que se elimine esa parte y que esos capítulos ingresen por la Cámara Baja, señalaron voceros parlamentarios.

Entre las medidas más significativas se destaca la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de cuentas individuales financiado con una contribución obligatoria del 3% de las remuneraciones que podrá utilizarse para cubrir indemnizaciones por despido.

El proyecto también deroga íntegramente varias leyes especiales, entre ellas el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), el Estatuto del Viajante (Ley 14.546) y el Régimen de Teletrabajo (Ley 27.555), sancionado durante la pandemia.

Otro punto clave es que las empresas no serán responsables de las actividades que se terciarizan, con lo cual solo deberán responder por los empleados que contratan en forma directa.

Sobre las indemnizaciones, se redefine el despido sin justa causa ya que se establece “un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, con topes basados en el convenio aplicable, pero sin incluir otros ítem adicionales que paguen las empresas”.

También se crea un régimen especial para trabajadores de plataformas tecnológicas a los que se define como “prestadores independientes” con libertad para aceptar o rechazar pedidos y elegir sus horarios de conexión.

El proyecto incluye además incentivos fiscales para la formalización del empleo, con alícuotas reducidas durante 48 meses para quienes incorporen trabajadores no registrados, y un régimen de regularización laboral con condonación de deudas y extinción de acciones penales.