El Gobierno expresó su repudio a la decisión del Senado de rechazar por mayoría las nominaciones de dos jueces de la Corte Suprema, el juez federal Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla, quien ya ejerce el cargo en forma temporal desde febrero pasado.

En un comunicado, el Gobierno afirmó que “repudia la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia”.

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”, asevera el comunicado.

La Cámara Alta rechazó dar acuerdo al pliego de designación de Lijo por 27 votos a favor de la nominación, 43 en contra y una abstención.

En el caso de García Mansilla, su designación recibió 20 votos a favor y 51 en contra, por lo que tampoco logró el acuerdo del Senado.

El voto contrario a las designaciones fue expresado por senadores de las diversas fuerzas de oposición, en particular el frente peronista Unión por la Patria, Propuesta Republicana (Pro) y la Unión Cívica Radical.

Para rechazar la designación de un juez postulado para la Corte Suprema se necesita el voto negativo de un tercio más uno del total del Senado, es decir, de 25 representantes.

“El presidente de la Nación continuará trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos”, dijo el Gobierno en su comunicado.

La sesión e celebró un año después de que el Gobierno de Milei postulara a Lijo y a García Mansilla, y a poco más de un mes de que el presidente nombrara a ambos por decreto ‘en comisión’ -temporalmente-, saltándose el proceso de la Cámara Alta.

La Constitución argentina establece que los miembros de la Corte Suprema son nombrados por el presidente del Ejecutivo, pero con el acuerdo del Senado.

La carta magna también otorga al presidente la facultad para llenar las vacantes de los cargos cuya designación requiere el acuerdo del Senado en caso de que la Cámara Alta se encuentre en receso, por medio de ‘nombramientos en comisión’ que expiran al fin del siguiente período legislativo.

Los miembros de la Corte tomaron juramento el pasado 25 de febrero a García Mansilla, que en principio ejercería el cargo hasta noviembre, mientras que a Lijo le exigieron que renunciara previamente a su cargo como juez federal, algo que aún no se ha concretado.