por Mathieu Gorse

MADRID, España.- El Tribunal Supremo juzgará a partir de este martes en Madrid a doce dirigentes independentistas por su infructuoso intento de secesión de Cataluña en octubre de 2017, un proceso histórico que desde antes de comenzar ha polarizado a España.

El proceso, retransmitido en directo por la televisión pública nacional y para el que se han acreditado más de 600 periodistas de 150 medios, podría durar unos tres meses. Se espera que el Supremo dicte sentencia dos o tres meses después del final de las audiencias.

La fiscalía ha pedido hasta 25 años de prisión contra los acusados, doce en total, responsables en el momento de los hechos del ejecutivo y el parlamento regionales, así como de las influyentes asociaciones separatistas ANC y ãmnium Cultural.

El principal ausente será el ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica. Y es que la justicia española no juzga en ausencia en el caso de delitos graves.

Entre los que se sentarán en el banquillo de los acusados, nueve están acusados de rebelión, agravada del delito de malversación para seis de ellos. Llevan meses en prisión preventiva, algunos incluso más de un año, como el ex vicepresidente regional catalán Oriol Junqueras.

Los otros tres, en libertad condicional, están acusados de desobediencia y malversación de caudales públicos.
Tras organizar el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia española, los separatistas catalanes proclamaron unilateralmente el 27 de octubre una república independiente.

Horas más tarde, el gobierno español, entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy, quien comparecerá como testigo, destituyó en bloque al ejecutivo de Carles Puigdemont, disolvió el parlamento catalán y suspendió la autonomía de la región.

La rebelión, un cargo controvertido

La cuestión central del proceso será si hubo violencia, y es que según el Código Penal, esta noción es básica para sostener la acusación de rebelión.

Durante la declaración fallida de independencia no se emplearon armas ni se llamó a la lucha armada o violenta.

Pero la fiscalía considera que sí hubo violencia, y argumenta que los independentistas “contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida (…) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”.

Y añade la fiscalía que los acusados de rebelión “llamaron a la ciudadanía a participar en la jornada del referéndum del 1-O (1 de octubre), siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas”.

Una argumentación rechazada de plano por los separatistas, que por el contrario denuncian la violencia policial del día del referendo, en el que las imágenes de guardias civiles y policías nacionales golpeando con porras o empujando a los manifestantes dieron la vuelta al mundo.

Los juristas están divididos, hasta el punto que la Abogacía del Estado, representante de los intereses del Estado en el juicio, no ha presentado el cargo de rebelión, sino el de sedición, más ligero y penado con un máximo de 12 años de prisión.

Una tribuna para la ultraderecha

Los separatistas quieren dar la imagen de que el proceso, que califican de “farsa”, es en realidad un juicio político, y han previsto manifestaciones en Cataluña y Madrid, además de actos en Bruselas, Londres y Berlín.

“Estaremos ante un jurado popular que será el mundo entero, que seguirá el juicio y es a ellos a quien tenemos que convencer (…) éste no es un juicio a los líderes independentistas, es un juicio a la democracia”, afirmó µlex Sol…, el abogado del presidente de ãmnium, Jordi Cuixart, uno de los acusados de rebelión.

Más allá del tribunal, el proceso tendrá repercusiones en la política española, destaca el analista Antonio Barroso, de Teneo Intelligence.

“La cuestión catalana sigue siendo central en el debate político español. El juicio puede actuar como un recordatorio de lo que pasó en 2017, y esto será utilizado por parte de la derecha para criticar cualquier movimiento de Sánchez para negociar los presupuestos”, explica Barroso.

En el poder desde junio pasado gracias entre otros al apoyo de los independentistas catalanes, el socialista Pedro Sánchez necesita sus votos para sacar adelante los Presupuestos de este año y seguir como jefe del gobierno español hasta 2020.

Una de las grandes especificidades del juicio es que el partido de ultraderecha Vox, el más virulento contra los separatistas, gozará de una tribuna política al figurar como acusación popular.

Esto será posible gracias a una particularidad del sistema jurídico español, que permite a cualquier ciudadano u organización actuar como acusador en defensa de la legalidad.

Las claves del juicio a los dirigentes independentistas catalanes–

Madrid, 9 febrero (AFP-NA) — Acusados, penas solicitadas, delitos presuntamente cometidos, acusadores: estas son las claves del juicio a doce dirigentes independentistas por su papel en la tentativa de secesión de Cataluña en octubre de 2017 que abre este martes.

– Los acusados –

Son doce en total, nueve de los cuales se encuentran en prisión preventiva.

En ausencia del ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido a Bélgica, el ex vicepresidente y ministro regional de Economía, Oriol Junqueras, de 49 años, es el principal acusado.

La fiscalía reclama una pena de 25 años de prisión para este historiador y presidente del partido independentista de izquierda republicana ERC, encarcelado desde noviembre de 2017.

La ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, de 63 años, que leyó el 27 de octubre de 2017 la proclamación de independencia, podría ser condenada a 17 años de prisión.

Al igual que Jordi Sánchez, de 54 años, y Jordi Cuixart, de 43, ex presidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, respectivamente.

Los “Jordis” fueron los primeros en ser puestos en detención preventiva, el 16 de octubre de 2017, por haber convocado el 20 de septiembre una manifestación frente a una sede del gobierno regional que era registrada, y que se saldó con tres vehículos de la Guardia Civil destruidos.

La fiscalía pidió penas de 16 años de cárcel contra otros cinco ex ministros regionales catalanes: Joaquim Forn, a cargo de la policía regional acusada de haber mirado hacia otro lado durante el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre de 2017, Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

Y otros tres ex ministros catalanes actualmente en libertad condicional, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borras, se exponen a 7 años de cárcel y una multa.

– Delitos –

De los doce, nueve (Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa) están acusados por la fiscalía de rebelión, agravada para seis de ellos por malversación (Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa).

El grave delito de rebelión, según el Código Penal español aplicable a aquellos “que se alzaren violenta y públicamente” para “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, conlleva una pena de 15 a 25 años de cárcel.

Esta acusación es cuestionada por los independentistas y varios juristas. De hecho, la cuestión central del proceso será probar el uso de la violencia, algo negado por los separatistas.

La fiscalía afirma que hubo “incidentes violentos”, como durante la manifestación del 20 de septiembre, así como “actos de violencia y agresión contra las fuerzas de seguridad” en el referéndum del 1 de octubre.

Esta última jornada, de todas maneras, quedó marcada por escenas de violencia policial que dieron la vuelta al mundo.

Los tres ex ministros catalanes Vila, Mundó y Borras son acusados de desobediencia y malversación.

– Acusadores –

Particularidad del sistema judicial español, en este proceso intervienen tres acusadores diferentes:

– La fiscalía, compuesta de magistrados nombrados tras ser propuestos por el gobierno, pero independientes del poder político.

– Los abogados del Estado, altos funcionarios que defienden los intereses del Estado, que se muestran más clementes y han reemplazado el cargo de rebelión por el de sedición, reclamando penas de doce años como máximo.

– Y la acusación popular, una controvertida figura que permite a cualquier ciudadano u organización ser parte acusadora en simple defensa de la legalidad, será ejercida por el partido ultraderechista Vox.

Esta formación, que gana terreno gracias a su discurso hostil al independentismo, se enorgullece de solicitar penas duras para “más de 700 años de prisión” en total para el conjunto de acusados.

AFP-NA