La causa Hotesur, que investiga por lavado de dinero a la ex jefa de Estado Cristina Fernández y su familia, quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini por decisión de la Cámara Federal, que entendió que hay “conexidad” entre los posibles delitos cometidos con hoteles presidenciales y la denuncia por presunta asociación ilícita contra Néstor Kirchner y su esposa que motorizó en 2008 Elisa Carrió.
La Sala I de la Cámara Federal ordenó que los fiscales Gerardo Pollicita (que intervenía en la causa de la presunta asociación ilícita) y Carlos Stornelli (Hotesur) creen una comisión para avanzar con el proceso.
Así, Ercolini se convertirá en el tercer juez de la causa, iniciada en noviembre de 2014, donde se sospecha que existió una operación sistemática de lavado de dinero con la que está vinculado el hoy detenido Lázaro Báez, el empresario amigo de los Kirchner que alquilaba habitaciones en la firma Alto Calafate al doble de precio de mercado, según las denuncias.
El caso Hotesur, denunciado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, fue impulsado e instruido por Claudio Bonadio hasta que a mediados de 2015 el juez hizo allanamientos en Río Gallegos -en oficinas del hoy diputado Máximo Kirchner- y la Sala I de Cámara Federal resolvió hacer lugar a un planteo por temor de parcialidad de la titular de Hotesur, Romina Mercado, sobrina de la entonces Presidenta.
En ese momento, por sorteo, el expediente recayó en el juez Daniel Rafecas, el magistrado que en febrero de 2015 había cerrado la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex primera mandataria por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.
Durante varios meses Rafecas tuvo en sus manos la causa, con la documentación del sur secuestrada, pero el 24 de febrero pasado decidió dividirla en tres hechos: irregularidades en la Inspección General de Justicia, la contratación de Aerolíneas Argentinas para que los empleados se alojaran en el hotel presidencial entre 2007 y 2015 y la parte gruesa del presunto lavado de dinero.
Tras esa división, Rafecas decidió quedarse con los dos primeros hechos y derivó el tema de lavado a Ercolini, quien desde 2008 analiza una denuncia de la diputada Carrió y otros legisladores de la Coalición Cívica, acusando la existencia de una banda encabezada por Néstor y Cristina Kirchner e integrada por funcionarios y amigos -entre ellos los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López- para quedarse con dinero estatal a través de la obra pública y otros negocios vinculados al Estado.
Pero el fiscal Stornelli apeló esa decisión, con el apoyo de la Oficina Anticorrupción (OA), y el martes pasado hubo una audiencia en la Sala I de la Cámara Federal.
Hoy, los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero votaron en sintonía para que, por conexidad, el expediente pasara todo a manos de Ercolini, incluso los dos hechos menores con los que Rafecas iba a quedarse.
En disidencia votó el juez Eduardo Farah para que el caso quedara en manos de Rafecas bajo la exhortación de no demorar más la investigación.
Así, Ercolini quedará al frente de esta investigación para analizar las supuestas maniobras hechas por la familia Kirchner a la luz de lo que podría haber sido una asociación ilícita.