11 de octubre de 2018
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“El municipio no ha generado ninguna política para proteger a los ciudadanos”

Un trabajo realizado en Mar del Plata precisó que la mayoría de los reclamos de este año estuvieron vinculados al acceso a la salud, inconvenientes con el trabajo y la seguridad social y problemas con los servicios públicos.

Guido Lorenzino, defensor del pueblo bonaerense.

LA PLATA (Corresponsal)- En General Pueyrredon, 3 de cada 10 reclamos que ingresaron a la Defensoría del Pueblo provincial estuvieron vinculados a la salud, más precisamente, a problemas para acceder a medicamentos y prácticas médicas y obstáculos para conseguir prótesis. Así se desprende del último informe realizado por el organismo que desde enero de 2017 conduce Guido Lorenzino.

En el trabajo se precisó que, de las 2 mil quejas que entre enero y agosto recibió la Defensoría en Mar del Plata, un 27,1% tuvo que ver con dificultades sanitarias; un 15,3% con inconvenientes ligados al trabajo y la seguridad social y un 12% con problemas con los servicios públicos.

Consultado acerca de los temas que emergieron como los principales trastornos para los marplatenses, Lorenzino repartió responsabilidades entre la gestión de Mauricio Macri -“hay un Estado nacional ausente”, consideró- y la municipal que conduce Carlos Arroyo.

“El PAMI funciona muy mal”, señaló por un lado a modo de ejemplo, pero además -agregó- “el gobierno municipal abandonó a la población; no ha generado ninguna política pública para proteger a los ciudadanos”.

En esta entrevista con LA CAPITAL, Lorenzino -ex diputado provincial por el Frente para la Victoria, funcionario durante la gobernación de Daniel Scioli y referente sciolista en la campaña presidencial de 2015- contó que entre marzo y octubre pasa casi todos sus fines de semana en Mar del Plata. “Me gusta mucho el invierno acá”, confió.

En ese contexto destacó que “la ciudad tiene una riqueza propia, que son sus postales naturales y su gente”, pero añadió que, en el último tiempo, “han crecido mucho el desempleo y la marginalidad y al Estado municipal se lo ve ausente”.

“Tengo una mirada muy crítica sobre la gestión local, sobre todo porque nunca hemos podido dialogar con el intendente”, comentó.

-Cada año es central el tema salud en la ciudad…

-Ocurre que hay mucha población adulta mayor -representan cerca del 20% de la ciudadanía- y, a su vez, el PAMI funciona muy mal, con faltante de camas, dificultad para las operaciones e internaciones en general. En ese sentido, vemos que actualmente la Defensoría ha tomado un rol protagónico porque la gente se ha quedado sin lugares en los cuales reclamar: hoy no hay ni organismos de control ni un Estado que nos defienda. Desde el inicio de su gestión, la Defensoría ha participado de todas las audiencias públicas que se realizaron antes de la aprobación de la suba de los servicios. Hoy las audiencias son formalismos, nada de lo que sucede se refleja luego en la tarifa. Uno se puede expresar pero, en definitiva, termina ocurriendo lo que el gobierno y las empresas quieren. Lamentablemente, cada vez que hemos impugnado esas decisiones la Justicia tampoco ha tenido una respuesta ni a favor ni en contra; ha dilatado la cuestión.

-Luego de la Justicia, ¿queda alguna instancia institucional a la cual recurrir como usuario?

-En todas las presentaciones que hicimos en el último tiempo, la Justicia nos negó respuestas favorables. La única medida favorable que está vigente es la que se tramita en el Juzgado Federal de Dolores, que impide a las empresas cortarles el gas a aquellos usuarios vulnerables que no puedan pagar la factura. Pero, así y todo, las empresas hacen oídos sordos a esa decisión y tenemos muchos casos de gente jubilada o con salarios muy bajos que está denunciando que como no pudo pagar la boleta le cortaron el gas.

-¿Qué papel cumple el Estado nacional en todo esto?

-El Estado nacional, que tendría que cuidar y controlar a las empresas, termina siendo el facilitador para que las concesionarias de los servicios públicos ganen plata. Acá no hay riesgo empresario, lo único que hay es rentabilidad empresarial y un Estado nacional ausente a la hora de proteger los bolsillos de los ciudadanos.

Más de 2 mil reclamos en General Pueyrredon

Entre enero y agosto de 2018 la delegación marplatense de la Defensoría del Pueblo provincial recibió alrededor de 250 reclamos por mes.

De la totalidad de quejas, el 27,1% tuvo que ver con problemas de salud -como la dificultad para acceder a medicamentos, la denegación de prácticas médicas por parte de las obras sociales y obstáculos para conseguir prótesis-; el 15,3% con trabas en el trabajo y la seguridad social -especialmente cuestiones de jubilaciones y pensiones- y el 12% con inconvenientes con los servicios públicos (principalmente por no poder pagar los aumentos de las boletas y consultas para acceder a la tarifa social).

Además, el 8% de las denuncias estuvo vinculado a a problemas viales -en su mayoría infracciones de tránsito- y el 7% con disputas relacionadas al ámbito de la educación.

El delegado local, Rubén Cuevas, aseguró que, en lo referido a las quejas por fallas en la atención sanitaria, “donde más reclamos recibimos fue en la sede de Adultos Mayores que está a cargo de la doctora Carina Ponce, ya que son ellos quienes más usan el sistema de salud”.

Consultado por LA CAPITAL, el delegado de Mar del Plata contó que hace poco tiempo “empezamos a recibir reclamos contra las obras sociales y las prepagas -como dificultades en las autorizaciones de algunas prácticas, provisión de prótesis y medicamentos- lo cual evidencia un deterioro no sólo del sector público, sino también del privado”.

Cuevas puntualizó asimismo que “en el sistema público, la mayoría de los reclamos están dirigidos contra el CEMA y el HIGA, y están más que nada ligados a problemas de internación y plazos extensos para el otorgamiento de turnos”.

“En el CEMA –ejemplificó- se están dando turnos para la atención cardiológica para dentro de un año y medio”.

Por otro lado señaló que “el Programa Incluir Salud -que es la cobertura con la que cuentan las personas que tienen alguna discapacidad- funciona muy mal; hay atraso en el pago a los prestadores, que a veces es superior a los 6 meses”.

“Esto pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones que prestan los servicios”, concluyó.

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