Un juez de primera instancia ordenó detener a un policía segundos después de condenarlo a 6 años de prisión por confirmarse que utilizaba una computadora de la propia comisaría para contactarse con otros consumidores y coordinar ventas y entregas de drogas.

El fallo del juez Néstor Conti recayó sobre Guillermo Hardoy (39), un integrante de la Patrulla Rural de Mar Chiquita que en octubre de 2017 fue detenido junto a otras personas cuando salía de su casa con pequeñas cantidades de cocaína y marihuana.

Sin embargo, lo que provocó es detención fue una causa iniciada luego de que se propio jefe descubriera en una computadora de la comisaría rural conversaciones en las que se entreveía la venta de drogas.

Hardoy llegó al debate en libertad, por lo cual se ordenó su inmediata detención tras conocerse la sentencia.

El fiscal Ramiro Anchou llevó a juicio el caso que presentó como comercio de estupefaciente y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Es que pudo probar que entre 18 de julio de 2017 hasta el 19 octubre del mismo año Guillermo Hardoy y otra persona (condenada a cuatro años pero en otro juicio) vendían cocaína y marihuana a compradores de Mar del Plata y la zona por medio del “delivery”.

Hardoy, policía entonces del Comando de Prevención Rural de Mar Chiquita (Autovía 2, kilómetro 377), se reconoció enfermo de adicción a las drogas condición que “se agravó cuando entré a trabajar a la policía; cuando me detuvieron hacía tres días que no dormía porque estaba consumiendo cocaína y crack”.

Esta declaración, para el juez Conti, estuvo orientada a desvirtuar su responsabilidad, ya que nunca se pudo establecer que fuera un caso de extremo consumo.

La investigación se inició cuando el jefe de la Patrulla Rural de Mar Chiquita descubrió que Hardoy, que era su segundo, había dejado abierto el programa WebWhatsapp. Entonces vio fotografías de lo que parecía ser cocaína. Lo singular o grave es que las fotos se habían tomado en el baño de la misma comisaría.

A partir de ese hallazgo se intervinieron teléfonos, se hicieron tareas de campo y se lograron testimonios hasta que el 19 de octubre de 2017 a las 18.30 policías de la DDA Mar Chiquita  cuando fueron a allanar la casa de Hardoy (República del Líbano al 3100 de Mar del Plata) lo vieron alejarse en su automóvil. Al interceptarlo en la avenida Champagnat le encontraron tenía 0.52 gramos de cocaína y 3.54 gramos de marihuana.

En su descargo el policía dijo que meses antes de ser detenido había intentado dejar de trabajar y que le había hecho planteo a su jefe y que cuando ingresó a la policía en el año 2015 ya era un adicto, pese a lo cual pasó los exámenes físicos y psicológicos con buen promedio.

También señaló que el teléfono que utilizaba tenía un grupo de Whatsapp con amigos consumidores y con el otro hombre que terminó condenado, quien a veces “se lo usaba para coordinar venta”. Ese mismo teléfono usaba Hardoy para elevar actuaciones en la Patrulla Rural usando la conexión a la computadora.

Lo que el juez Conti descartó fue el pedido de nulidad de la defensa por entender que se había “violado la intimidad de Hardoy”. En el fallo el magistrado sostuvo que el descubrimiento a partir del cual se inició la investigación fue un hecho casual ya que el jefe de la comisaría rural se encontró con un descuido de su compañero, al dejar abierta una conversación privada en una computadora de uso común. También Conti recordó que tanto el juez de garantías como la Cámara de Apelaciones habían afirmado que era legítima prueba.

Entre los agravantes de la comisión del delito se destacó que en Hardoy, además de ser funcionario policial, alguna ocasión utilizó sus credenciales para eludir o evitar ser descubierto con droga en controles policiales.

Finalmente a Hardoy se le impuso una pena de 6 años de prisión y una multa de 135 mil pesos por ser responsable del delito de “comercio de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas al consumidor”.

Un párrafo distintivo tuvo el juez Conti en su fallo al justificar la detención de Hardoy. “En casos como los que aquí se ha sometido a juzgamiento -escribió el magistrado- me resulta francamente contrario al sentido común y anhelo social de ‘justicia’ que funcionarios/empleados públicos sean condenados como responsables de delitos que han cometido haciendo uso y abuso de su condición funcional y luego de escuchar la sentencia se vayan a sus casas y continúen su vida como si nada”.