La gestión de disposición y recolección de residuos parece no tener rumbo. Desde que el intendente Carlos Arroyo asumió la intendencia, los conflictos se hicieron cada vez más ostensibles. Y esta semana volvió a quedar en evidencia con la basura en la calle.

El gobierno local dejó de concientizar sobre la necesidad de separar los residuos. Así, la planta de la cooperativa CURA (Común Unión Recuperadores Argentinos) tiene graves problemas de subsistencia. Allí trabajan 10 recuperadores y al municipio le cuesta $ 800.000 por mes.

En el predio de residuos se pueden ver cerca de 400 recuperadores informales, algunos de los cuales son menores. Además, se permitió la instalación de una compradora mayorista.

El contrato de la disposición final de residuos con la empresa Tecsan vencerá, con su última prórroga posible, el 31 de diciembre. Sin embargo, desde principios de año el Concejo Deliberante no logra aprobar un proyecto de ordenanza de la administración destinado a convocar una licitación para ampliar el espacio disponible en el predio y a entregar nuevamente el servicio en concesión. Ni la mayoría oficialista está dispuesta a aprobarlo. Por una sencilla razón: hasta los propios funcionarios reconocen que no consiguen el financiamiento para las obras.

El playón de contingencia, donde se realizan las maniobras de descarga, necesita un mantenimiento continuo que no siempre se realiza. El propio presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao, contó ayer que cuando llega un camión los recuperadores informales suelen colgarse de ellos para llegar antes que otros a la basura.

Los trabajadores municipales que realizan la descarga, al igual que los policías que garantizan la seguridad, pasan la noche al aire libre. De ahí el pedido de una casilla, que integró los reclamos por los que los municipales llevaron esta semana una retención de tareas.

Con este panorama, Mar del Plata asoma en la antesala de volver a las “emergencias”. En total, 13 veces sucesivos gobiernos declararon en emergencia el basural a cielo abierto en el que la ciudad vertía los residuos.

El combo se completa con una empresa recolectora, Transportes 9 de Julio, que el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, calificó de “una cáscara vacía”. Y que, “extrañamente”, es uno de los pocos proveedores al que no se le adeuda un peso de su millonario contrato.