Por Ramiro Melucci

Los tres homicidios en menos de 24 horas. El asesinato de un adolescente de 16 años por un comerciante que vigilaba su negocio porque le habían robado la noche anterior. El descontrol en Villa La Palangana. El violento asalto a una familia del barrio San Carlos.

En las últimas semanas, Mar del Plata no tuvo respiro. Los hechos resonantes de inseguridad circularon por todos los medios y su impacto hizo brotar las expresiones de hartazgo. La Provincia y el Municipio, principales apuntados, respondieron con anuncios de refuerzos, pero no han logrado amortiguar el malestar ni transmitir tranquilidad: en la ciudad se vive con miedo.

Cámaras empresarias, sindicatos y colegios profesionales expresaron su “profunda preocupación” ante la escalada de hechos delictivos y convocaron a toda la dirigencia política, “sin distinción partidaria”, a recuperar la agenda de la seguridad como una prioridad central de gobierno. Los vecinalistas hicieron uso de la banca 25 del Concejo Deliberante, donde plantearon que la inseguridad alcanzó “una magnitud intolerable” en los barrios y propusieron la conformación de una “mesa de seguridad integral” que permita coordinar respuestas entre los distintos niveles del Estado.

La Provincia y el Municipio, principales apuntados, respondieron con anuncios de refuerzos, pero no han logrado amortiguar el malestar ni transmitir tranquilidad: en la ciudad se vive con miedo.

“No nos cuida nadie”, resumió una de las víctimas de la violenta entradera del lunes cuando la consultaron los canales de televisión nacionales. “Mar del Plata está liberada”, decía el graph de uno de ellos el martes a la mañana. Los empresarios y dirigentes que firmaron el documento en el que llamaron a las autoridades a dejar de lado intereses sectoriales, diferencias ideológicas o disputas electorales empiezan a inquietarse por el impacto que esa clase de noticias puedan tener en el turismo, ya en una marcada tendencia descendente por motivos económicos. Puntualizaron que la inseguridad no solo afecta la calidad de vida de los marplatenses: también impacta “sobre la inversión, el empleo, la actividad económica y la imagen de la ciudad como destino turístico”.

El municipio reaccionó con otros anuncios. Un número de WhatsApp para agilizar la detección de patentes y autos robados, la incorporación de 11 vehículos para intensificar controles y la continuidad del plan de luminarias led, que alcanzó la colocación de 1300.

La mesura del intendente Agustín Neme contrasta con el atrevimiento del presidente del bloque oficialista en el Concejo Deliberante, Julián Bussetti. El edil confrontó a la oposición por las estadísticas oficiales de robo y recuperación de vehículos y negó que Heraldo García, el vecinalista del barrio Constitución que tomó la palabra en la banca 25, haya representado a 40 sociedades de fomento. Ensayó un difícil equilibrio: el de no deslegitimar el reclamo de seguridad pero desconocer el grado de representatividad del orador. Cabría preguntarse cuántas sociedades de fomento estarán a favor de crear una “mesa de seguridad integral”, que fue el mensaje principal de la exposición. Probablemente sean bastante más de 40.

Bussetti puso en duda que pueda funcionar. “Hay pocos puntos de encuentro y coincidencia”, sostuvo. Y retomó el argumento de la “discriminación” de la Provincia a Mar del Plata, el reproche a “la mirada garantista” y el “no” de la oposición a las propuestas del gobierno municipal. Parecía oírse de fondo la voz grave de Guillermo Montenegro. Eva Ayala, de Acción Marplatense, lo dijo de otro modo: acusó a Alejandro Rabinovich, mano derecha del intendente en uso de licencia, de manejar a Bussetti “por control remoto”.

En el fragor de sus críticas a la oposición, el presidente del bloque del PRO recordó que sus rivales “se quedaron calladitos” cuando el gobierno de Alberto Fernández se llevó los gendarmes, pero hilvanó el comentario con un párrafo confuso. “Ahora veo que muchos bloques están gestionando el regreso de fuerzas federales. Lo celebro, no sé cómo viene esa situación”, dijo, como si no fueran el gobierno municipal y la bancada amiga de La Libertad Avanza los principales involucrados en esas gestiones.

La oposición volvió a exhibir sus propias diferencias. Se va acercando el tiempo electoral y Gustavo Pulti y Fernanda Raverta siguen tan lejos como lo estuvieron desde julio del año pasado, cuando el de Acción Marplatense armó una lista de concejales propia, por fuera de la impulsada por la ex titular de Anses. En la última sesión la divergencia fue por Montenegro. Pulti le exigió que vuelva; Pablo Obeid respondió que su regreso no solucionaría nada.

El fomentista Heraldo García, al exponer el jueves en la sesión del Concejo sobre la inseguridad.

El reclamo de seguridad deja en segundo y tercer plano otros asuntos del gobierno local. Como la sentencia que obliga a Obras Sanitarias a devolver lo cobrado por el aumento de 142,7% a principios de 2024. La empresa tomó la decisión de apelar. Ya dijo que no correspondía una audiencia pública, como consideró la Justicia, y ahora plantea que, como el fallo declara ilegítimo un decreto que menciona dos cuotas (la 1 y la 2 de 2024), lo que podría llegar a devolver es el incremento de esos dos períodos. En cómodas cuotas.

En ese caso, el monto estaría lejos de parecerse a la cifra que, a falta de estimaciones oficiales, calculó Pulti. Habrá que ver. Lo cierto es que la definición quedará en manos de la Suprema Corte bonaerense.

Hasta ahora Obras Sanitarias se mantuvo en silencio. Confiaba en que la Cámara de Apelaciones le daría la razón. Pero se sorprendió con la sentencia y, después de dos semanas de estupor y análisis legal, empieza a ensayar una respuesta pública: “Acá nadie se llevó la plata. El aumento era necesario para recomponer la tarifa, que en ese momento estaba muy atrasada por la inflación acumulada. Encontraron un tecnicismo para cuestionarlo en la justicia”.

Ya habló más que el área de Transporte sobre el pliego de colectivos que trata el Concejo. El oficialismo impulsa una comisión paralela, lejos de las cámaras y los micrófonos, para recibir a los funcionarios. Cuando el concejal de la Coalición Cívica Guido García la propuso, la radical Vilma Baragiola se paró y se fue: no le habían adelantado nada y considera que una comisión paralela no es reglamentaria. El bloque del PRO la avaló enseguida. Suele enamorarse a primera vista de cualquier alternativa que implique que los funcionarios del municipio no aparezcan en público dando explicaciones. Ya en el tratamiento del presupuesto había impuesto el método del intercambio epistolar.

“Acá nadie se llevó la plata. El aumento era necesario para recomponer la tarifa, que en ese momento estaba muy atrasada por la inflación acumulada”, dicen en OSSE. 

¿Por qué no quieren ir los funcionarios al Concejo?, le preguntaron a alguien que los conoce bien. “No se equivoquen. No es que no quieran ir. La estrategia es que no vayan. Al menos por ahora”, fue la respuesta.

La diferencia es interesante. Desde esa perspectiva, una cosa es lo que desean los secretarios y otra la forma en que le imponen que actúen. La hipótesis es todavía más creíble cuando se recuerda que, en otro tiempo, los mismos funcionarios que ahora no van al Concejo han asistido más de una vez a diferentes comisiones a exponer ante los concejales.

El argumento oficial es que la asistencia de los funcionarios puede obrar como una interpelación y parecerse a un show. Por ahora lo único que hay, incluso en temas clave como la concesión del estadio José María Minella y el pliego de transporte, es falta de respuestas e información.