El concejal Gustavo Pulti (Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro) estimó que Obras Sanitarias debería pagar “entre 10 mil y 15 mil millones de pesos” para cumplir el fallo que le ordena devolver los montos cobrados a los usuarios tras el aumento del 142,7% de principios de 2024.

El edil sostuvo que el monto “compromete severamente el presente y el futuro” de OSSE, “mucho más allá del mandato del actual gobierno municipal”.

Recordó que el aumento declarado ilegítimo por la Justicia porque no se hizo la correspondiente audiencia pública fue implementado mediante un decreto ad referéndum del Concejo Deliberante, convalidado posteriormente por los concejales del oficialismo y sus aliados.

El concejal sostuvo que, de acuerdo a la Ley de Sociedades, “hay responsabilidades directas y personales de este Concejo Deliberante (que constituye la asamblea de accionistas de OSSE) y particularmente de la mayoría que se formó para ratificar ese decreto ad referéndum que ahora es tachado de ilegal”.

Gustavo Pulti (Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro).

Pulti pidió que se forme un expediente con la sentencia de la Cámara de Apelaciones, que se incluyan artículos de la Ley de Sociedades y que se cite al directorio de OSSE a brindar explicaciones.

El exintendente formuló su planteo cuando la reunión de este jueves de la Comisión de Ambiente del Concejo estaba terminando. Luego, la reunión concluyó por falta de quórum.

El contexto

La semana pasada, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la ilegitimidad del aumento del 142,7% aplicado por OSSE a comienzos de 2024.

De esa manera, ratificó el fallo dictado en diciembre de 2025 por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, que había declarado ilegítimo el decreto 292/23 mediante el cual se autorizó el incremento que impactó en las cuotas 1 y 2 de 2024.

En aquella instancia, el juez había dispuesto retrotraer la situación tarifaria al nivel anterior al aumento y establecer que las sumas abonadas de más por los usuarios fueran imputadas a futuras facturaciones, en cuotas a determinar durante la etapa de ejecución de la sentencia.

Además, la Cámara ordenó devolver las actuaciones al juzgado de origen para que el juez de primera instancia analice la procedencia de una indemnización adicional equivalente al 25% de los montos a devolver, prevista por el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor.

El bloque de Unión por la Patria también se hizo eco de la decisión judicial. La presidenta de la bancada, Mariana Cuesta, presentó un pedido de informes para que OSSE y el gobierno municipal expliquen cómo cumplirán la sentencia.

El proyecto solicita conocer las condiciones y los plazos de la devolución. También pide informar si el municipio presentará nuevos recursos judiciales, cuánto costaría continuar el litigio y qué previsiones presupuestarias realizó OSSE para afrontar los créditos, las costas y la posible indemnización adicional del 25%.