Aunque las playas son consideradas espacios de dominio público en buena parte de Europa, el establecimiento de hoteles y otros negocios en el litoral las deja su uso en manos privadas, restringiendo el acceso a las personas y provocando tensiones con ciudadanos que exigen que prevalezca el interés público.

Italia es el caso más notorio, ya que cerca de la mitad de sus playas están gestionadas por empresas a través de concesiones.

Aunque la ley italiana garantiza el acceso libre al mar, en muchos casos los usuarios deben atravesar estos establecimientos y pagar por el alquiler de sombrillas y tumbonas; un desembolso que puede superar los 150 euros por familia en temporada alta.

Tras años de conflicto con la Unión Europea por la adjudicación de concesiones costeras, el Gobierno italiano fijó para junio de 2027 el inicio de las licitaciones públicas de estos espacios.

En Portugal, el movimiento ciudadano Deslarrrguem a Arrábida (Liberemos la Arrábida) convocó una movilización el próximo 19 de julio para protestar contra lo que considera un intento de privatización del acceso a cinco playas.

Una protesta que coincide con la presentación en el Parlamento portugués de una petición con más de 12.000 firmas en defensa del libre acceso a estas playas y que el colectivo enmarca en un fenómeno de restricciones al acceso público al litoral en distintos países europeos.

Conflictos en el Adriático

Las ‘playas de hotel’ han sido un punto de fricción en Croacia, pese a que su Constitución establece que el mar, la costa y las islas son bienes públicos y ningún establecimiento o particular puede reclamar derechos exclusivos ni impedir el acceso.

Las protestas ciudadanas llevaron a modificar la legislación en 2023; y aunque la actual Ley de Dominio Marítimo prohibió el cierre de tramos de costa y reforzó el acceso público a las playas, las concesiones otorgadas bajo la legislación anterior siguen vigentes.

Un caso similar se da en Albania, donde, desde 2024, una nueva regulación obliga a mantener al menos el 30 % de cada kilómetro costero libre de concesiones; sin embargo, los medios albaneses denuncian una falta de control y que hay hoteles y chiringuitos que ocupan toda la playa, impidiendo el baño si no se paga.

Las movilizaciones ciudadanas también han afectado al Mediterráneo y al Egeo: los griegos exigieron en 2023 la retirada de reposeras, sombrillas y otros materiales que limitaban el espacio para los bañistas.

Grecia, cuya legislación establece que las playas son bienes públicos y garantiza el libre acceso al litoral, aprobó en 2024 una nueva normativa con sanciones más duras contra los establecimientos que ocupan esas zonas costeras sin permiso.

En Turquía, hay colectivos ciudadanos que reclaman el acceso libre al litoral como un derecho constitucional ante la ocupación por negocios privados y el cobro de entradas a calas.

También recurrieron a los tribunales amparándose en la Constitución turca, que establece que las costas están bajo soberanía del Estado y que debe prevalecer el interés público.

Playas estrictamente públicas

En España, las playas son bienes inalienables y de dominio público, según la Constitución, que también regula su administración, defensa y conservación; además, la Ley de Costas establece que su utilización para pasear, bañarse o navegar es “libre, pública y gratuita” y que el uso comercial debe realizarse bajo autorización o concesión previa.

Reino Unido no cuenta con playas privadas; de hecho, la zona entre la marea alta y la marea baja -intermareal- pertenece en su mayoría a la Corona, autoridades locales u organizaciones benéficas como el National Trust.

En Irlanda, la mayoría de las playas son públicas, están gestionadas por las autoridades locales y la zona intermareal pertenece al Estado; la ley permite limitar el acceso por conservación ambiental, seguridad o defensa.

Las playas alemanas también son mayoritariamente públicas y no existe una definición legal de ‘playa de uso turístico’; la ley protege el derecho de las personas al libre acceso, pero también permite restringirlo por protección de la naturaleza y conservación del paisaje.

Francia cuenta con unas 3.000 playas y zonas de baño públicas que el Estado no puede vender; de hecho, la ‘playa privada’ francesa -donde se cobra por tumbonas, sombrillas o servicios de restauración- es una concesión pública para explotar comercialmente una parte de la arena que, en ningún caso, puede restringir el acceso de los ciudadanos.

EFE.