Cuando el Concejo Deliberante todavía no comenzó a discutir el pedido de aumento que elevaron en diciembre para llevar el boleto a $ 69,14, las empresas de colectivo presentaron una nueva solicitud para que la tarifa se eleve a $ 96,06.

En una nota dirigida al secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, las concesionarias agrupadas en Cametap aseguraron que no se encuentran ajenas “a los avatares de este incierto contexto”.

La suba representaría un incremento del 172%. El último aumento a $ 35,24 lo decretó el intendente Guillermo Montenegro el 24 de julio del año pasado, luego de que el Concejo le cediera por 30 días las facultades para hacerlo.

En diciembre, las empresas requirieron un boleto a $ 69,14, que es el que preveía considerar la comisión de Movilidad Urbana una vez aprobado el pliego de bases y condiciones de la licitación.

Cametap sostuvo que “la abrupta caída del nivel de actividad” se tradujo “en el mayor descenso que se haya sufrido en la historia del sector”, que llegó “al 90% durante los primeros meses del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. Hoy las empresas trabajan, según detallaron, “al 30%” del nivel de actividad habitual.

Los empresarios señalaron que el desaliento del uso del transporte público promovido “desde los sectores que toman las decisiones en torno a la movilidad en el marco de la pandemia” marca “el futuro en el corto y mediano plazo”.

Recordaron que desde un primer momento la actividad fue calificada de “esencial”, pero que eso “no fue ni es acompañado por políticas de apoyo que garanticen un marco para la sustentabilidad”.

Ejemplificaron con el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), cuyos beneficios “fueron denegados al sector del transporte urbano y suburbano” bajo el argumento de que percibían subsidios estatales.

“Claramente, esta restricción no tiene un sustento lógico”, indicaron. Y aclararon que los subsidios que el Estado comenzó a brindar en 2002 se fundamentan en la necesidad de lograr “una tarifa accesible para toda la población”.

Ese “paliativo”, sin embargo, no alcanza para “amortiguar los efectos de esta nueva circunstancia”, advirtieron. Por eso insistieron: “Contar con el beneficio del ATP que permita cubrir aunque sea en parte el salario del personal resulta tan crucial como para el resto de las actividades”.

Además, hicieron notar que “los subsidios corrientes se están percibiendo de manera más asincrónica en relación a otras jurisdicciones provinciales”, y que las cuotas de febrero y marzo del Fondo Compensador aún no fueron enviadas por la Provincia.

Las concesionarias destacaron que “los servicios fueron reprogramados y adaptados a esta nueva realidad”, mientras que “las nóminas de personal no sufrieron modificaciones”. “Todas las empresas priorizaron el capital humano a costa de un fuerte endeudamiento” y ven peligrar el acceso “a recursos también esenciales como por ejemplo el combustible”, agregaron.

Mencionaron que ante la falta de respuesta del Estado recurrieron diferentes herramientas de financiamiento (adelantos en cuenta corriente, descuento de cheques y préstamos bancarios) para enfrentar los costos más urgentes.

También subrayaron que afrontaron un 30% de aumento salarial y una suma no remunerativa de $ 20 mil retroactiva a septiembre para cada empleado. Todo esto “socava más y más la posibilidad de sobrevivir”, lanzaron. Y coincidieron en que “la única salida que se puede avizorar en el cortísimo plazo es la adecuación tarifaria”.