por Juan Salas

En la jurisdicción de Mar del Plata, la Justicia Federal condenó a 84 personas por delitos de lesa humanidad en 14 juicios, en los que se ventilaron crímenes ocurridos tanto en la antesala al golpe militar del 24 de marzo de 1976, como durante el gobierno de facto.

Además de estos 14 juicios realizados, hay ocho causas que se encuentran en investigación, dos que esperan la elevación a juicio y otras dos que están en debate oral en curso en plena pandemia, como el tercer tramo por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención “La Cueva” y el que se sigue contra los abogados Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, acusados de haber integrado la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

Según cifras oficiales de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en la jurisdicción de Mar del Plata -que también contempla otras localidades como Tandil- fueron investigadas 236 personas por delitos de lesa humanidad. La cifra desagregada consta de 41 personas procesadas, 30 imputadas, 7 indagadas, 6 con falta de mérito, 8 sobreseídas, 17 absueltas, 2 prófugas y 84 condenadas. Asimismo, fallecieron 41 personas investigadas por crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado desde la reapertura de las causas.

De las personas privadas de su libertad en estas causas por delitos de lesa humanidad, solo 7 se encuentran detenidas en servicios penitenciarios federales, mientras que 70 cumplen con arresto domiciliario.

“Veo a una Justicia comprometida con los crímenes de lesa humanidad“, dijo a LA CAPITAL el fiscal federal general Daniel Adler y agregó: “Se ve en la cantidad de juicios realizados, en los condenados y en las respuestas a las víctimas”.

“Ha habido una continuidad en el seguimiento de estos casos y una decisión de hacer efectivo el respeto de los derechos humanos conforme a los estándares internacionales y los criterios marcados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la procuración General de la Nación”, concluyó Adler, quien es también el coordinador de la Oficina de Lesa Humanidad en Mar del Plata.

La primera condena por delitos sexuales

Molina, durante el juicio en el que fue condenado a perpetua.

En junio de 2010 el Tribunal Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua al ex subjefe de la Base Aérea de Mar del Plata, Gregorio Rafael Molina y, por primera vez, se trató de una sentencia en la que se juzgaron abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

Molina fue condenado por los homicidios de los abogados Oscar Centeno y Jorge Roberto Candeloro, y por haber violado a Marta García y a Leda Barreiro.

En su alegato, el abogado César Sivo consideró que “no importa que en la ejecución la reclusión y la prisión sean lo mismo, pero sí importa que la sociedad entienda que estos delitos cometidos de esta forma merecen una pena de reclusión perpetua, y no la pena de prisión perpetua”.

La Cámara de Casación Penal confirmó la sentencia de Molina, quien murió mientras cumplía su condena de prisión perpetua en una cárcel común.

Los primeros civiles condenados en el país

La primera condena por crímenes de lesa humanidad a civiles la dictó el Tribunal Federal de Mar del Plata, en el juicio que se desarrolló en la Universidad Nacional de Tandil. En el fallo, los jueces condenaron a prisión perpetua no solo a los ex militares Julio Alberto Tommasi, Roque Italo Pappalardo y José Luis Ojeda, sino también a los hermanos Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez a la pena de 15 y 11 años de prisión.

Los hermanos Méndez fueron quienes facilitaron el lugar para que los militares tuviesen un centro clandestino de detención, donde estuvo secuestrado y fue torturado y asesinado el abogado Carlos Moreno.

La noche de las corbatas

La Justicia Federal de Mar del Plata fue pionera en una forma de agrupar las vejaciones cometidas durante la dictadura cívico militar y elevar las causas por tramos, como es el caso de lo ocurrido en el centro clandestino de detención conocido como “La Cueva”, hechos que valieron ya tres juicios.

En ese marco, se encuentra lo ocurrido en julio de 1977, cuando siete abogados, dedicados a la defensa de trabajadores y militantes, fueron secuestrados y posteriormente asesinados en la llamada “Noche de las corbatas”.

La venganza del “5×1” de la CNU

Demarchi es trasladado por fuerzas federales.

En diciembre de 2016 concluyó el histórico primer juicio contra miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), en el que el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 condenó a prisión perpetua al exfiscal federal Gustavo Demarchi por encontrarlo culpable de seis asesinatos en los días previos al golpe cívico militar de 1976.

Además, recibieron prisión perpetua el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense, Mario Ernesto Durquet. José Luis Granel fue condenado a siete años de prisión, Juan Pedro Asaro a cinco años, Juan Carlos Asaro y Roberto Justel a tres años de prisión en suspenso.

Demarchi, Otero y Durquet fueron coautores de los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg cometidos en la denominada noche del 5×1, la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el homicidio calificado de Maggi, y en el caso de los dos últimos imputados también los homicidios de Jorge Stoppani y Daniel Gasparri. A su vez, Demarchi y Durquet fueron condenados también por el delito de asociación ilícita.

Dos prófugos, un millón de pesos en recompensa

El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene las recompensas por 500.000 pesos por los dos prófugos de la Justicia Federal por causas de lesa humanidad en Mar del Plata, los exmilitares Luis Alberto Kyburg y Federico Delgado.

Delgado, ha actuado entre los años 1971 y 1978 en la ciudad de Mar del Plata y tiene pedido de captura nacional desde el 14 de mayo de 2007.

Por su parte, Kyburg fue el segundo comandante de Buzos Tácticos durante la dictadura militar y supo evadir a la Justicia argentina. Recientemente fue hallado en Berlín y fotografiado por el periodista Toni Hervida, para el diario Bild.

En 2013, la Justicia Federal ordenó la detención internacional de Kyburg y en 2015 solicitó a Alemania su extradición, la cual fue denegada. Sin la posibilidad de juzgar al militar en Argentina, víctimas, representadas por el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos César Sivo, entendieron que para evitar la impunidad la única alternativa era montar el caso en Alemania y que Kyburg fuera juzgado allá.

Casi mil condenas en Argentina

Desde la reapertura de las causas de lesa humanidad, en Argentina fueron condenadas 997 personas por delitos de lesa humanidad.

El documento elaborado por la procuraduría especializada indica que se registran un total de 3.329 personas investigadas por delitos de lesa humanidad. La cifra desagregada consta de 618 personas procesadas, 538 imputadas, 176 con falta de mérito, 162 absueltas, 92 sobreseídas, 65 indagadas, 28 prófugas y las 997 condenadas. Asimismo, fallecieron 653 personas investigadas por crímenes cometidos durante la época del terrorismo de Estado desde la reapertura de las causas.

Por otra parte, el relevamiento de la procuraduría también refleja el aumento de la cantidad de prisiones domiciliarias que se suscitaron durante este año, incremento que se debe, en una pequeña porción, al contexto de pandemia y a la entrada en vigencia del Decreto 260/20, a partir del cual se registraron solicitudes de morigeración de la modalidad de prisión. En comparación a junio, cuando la cifra era de 649, el número actual marca un leve ascenso: actualmente son 659 las personas que están bajo esta modalidad de arresto.

En efecto, los datos arrojan un incremento en el número de prisiones domiciliarias a causa del Covid-19: mientras que en el informe de junio se contabilizaron 22 imputados (3 por ciento) a quienes le fue concedida esta forma de arresto, en septiembre suman 37 las personas (6 por ciento) que obtuvieron la prisión domiciliaria fundada en razones vinculadas a la pandemia.