Luego de que el Gobierno nacional oficialiazara ayer, a través del Decreto 332/2022, la segmentación de aumentos y quita se subsidios en tarifas de luz y gas, las empresas que suministran estos servicios a hogares, comercios e industrias del partido de General Pueyrredon señalaron que se encuentran a la espera de que la Provincia de Buenos Aires y los organismos de control correspondientes brinden instrucciones para aplicar la medida.

De acuerdo a la información ya publicada en el Boletín Oficial, la segmentación reconoce tres niveles de usuarios. El 90% de no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año, mientras que el 10% restante “va a tener que pagar la tarifa plena” por sus ingresos y, por lo tanto, “no van a recibir ningún subsidio de parte del Estado”.

En cuanto a su implementación en Mar del Plata, fuentes de las empresas prestadoras de luz y gas manifestaron a LA CAPITAL que, tras la publicación de la medida en el Boletín oficial, por estas horas se encuentran a la espera de la definición de la normativa específica por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o bien de instrucciones de implementación por parte de los organismos de control.

En el caso de EDEA, por ejemplo, que suministra el servicio de energía eléctrica en la región, la empresa aguardará detalles para la implementación por parte del Organismo de Control de la Energía Eléctrica, mientras que Camuzzi haría lo propio a través del Enargas.

Las certezas en este sentido, se espera, llegarían después del fin de semana extra largo.

Tres niveles

Como se señaló, la segmentación reconoce tres niveles de usuarios, de los que solamente el 10% de mayor capacidad económica pagará la tarifa plena sin subsidios.

Esa primera franja, del Nivel 1, está comprendida por aquellas personas de mayores ingresos: usuarios y usuarias que tendrán a su cargo el costo pleno del componente energía del respectivo servicio.

Comprende a quienes tienen “ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a tres y media canastas básicas y totales; son titulares de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años, o de tres o más inmuebles, o de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena”.

El Nivel 2, en tanto, engloba a las personas de menores ingresos: usuarios y usuarias, a quienes, tomando como referencia el ámbito de jurisdicción nacional, el impacto en factura que genere la corrección del componente energía equivaldrá a un incremento porcentual total anual en su factura que no podrá superar el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. Esta franja abarca a los beneficiarios de la tarifa social.

El Nivel 3 es un intermedio entre los dos anteriores e incluye a ciudadanos de ingresos medios: usuarios y usuarias no comprendidos en los niveles 1 y 2, a quienes, tomando como referencia el ámbito de jurisdicción nacional, el impacto en factura que genere la corrección del componente Energía equivaldrá a un incremento porcentual total anual en su factura de hasta el 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.

Vale remarcar que tanto el nivel 2 como el 3 ya tuvieron este año los ajustes tarifarios correspondientes, equivalentes -respectivamente- al 40% y al 80% de la variación salarial del año pasado, y no volverán a tener incrementos en 2022.

Asimismo, se creó una nueva categoría de usuario que contempla los casos de inquilinos de viviendas que podrían estar a nombre de titulares con altos ingresos, a los efectos de evitar complicaciones para delimitar la segmentación.

Registro y declaración jurada

También se explicó que la implementación de esta escala se llevará adelante con un formato “a demanda”, por medio de “una declaración jurada de conformación de hogar”, y que “todos aquellos hogares que lo soliciten continuarán recibiendo subsidios a la energía de acuerdo con la nueva metodología”.

Para ello, los usuarios deberán registrarse en un sitio que el Gobierno nacional deberá dar a conocer y completar un formulario. Mediante esa metodología se evaluará la capacidad de pago del hogar a partir de sus condiciones socioeconómicas verificables.

Deberá haber, en ese sentido, una campaña de difusión impulsada por el Ejecutivo.

Respecto a este registro, desde las empresas prestadoras del servicio en Mar del Plata reconocieron que también se aguardarán definiciones por parte del Gobierno, para que quede claro quiénes y cómo deben registrarse.