Cinco personas serán juzgadas acusadas de participar en una maniobra de defraudación informática que tuvo como víctima a una organización empresaria de Mar del Plata, desde cuyas cuentas bancarias fueron transferidos más de 44 millones de pesos hacia distintas cuentas utilizadas para canalizar el dinero sustraído.

La causa fue elevada a juicio y será tramitada ante el Juzgado Correccional N°2, tras la investigación llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Delitos Informáticos N°17.

Los imputados fueron identificados como CSS, domiciliado en Godoy Cruz (Mendoza); LJP, de Remedios de Escalada; JMU, de Villa Luro (Ciudad de Buenos Aires); TAB, de Lomas del Mirador, partido de La Matanza; y BDC, de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Según la investigación judicial, el hecho ocurrió en enero de 2024 entre las 13:15 y las 14:30, cuando un grupo de personas que aún no fue completamente identificado ejecutó una serie de maniobras coordinadas para sustraer dinero de las cuentas bancarias de la empresa marplatense.

Para concretar el fraude, uno o varios de los involucrados lograron vulnerar el sistema informático y suplantar la identidad del personal autorizado para operar el servicio de homebanking de la organización.

De esa manera, mediante credenciales obtenidas digitalmente, accedieron a las cuentas bancarias de distintas empresas vinculadas al grupo, todas radicadas en una misma entidad bancaria.

Una vez dentro del sistema, manipularon la transmisión de datos y ejecutaron múltiples transferencias electrónicas, hasta alcanzar un total de 44.075.000 de pesos, que fueron enviados a diversas cuentas bancarias.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados aportaron cuentas bancarias y financieras de su titularidad, que habrían sido utilizadas como destino intermedio o final del dinero sustraído.

Así, los fondos fueron girados desde la cuenta de la empresa marplatense hacia distintas cuentas vinculadas al grupo, en una maniobra destinada a dispersar el dinero y dificultar su rastreo.

Durante la investigación, la Justicia logró inmovilizar varias de las cuentas utilizadas en la maniobra, lo que permitió recuperar parte del dinero.

En total, se reintegraron $20.716.237,24 a la empresa damnificada, con la intervención de la titular del Juzgado de Garantías N°6 departamental, la jueza Lucrecia Bustos.

El hecho fue calificado como defraudación informática, delito previsto en el artículo 173 inciso 16 del Código Penal.

De manera alternativa, la acusación también sostiene que los imputados habrían recibido el dinero con ánimo de lucro pudiendo sospechar su origen ilícito, conducta encuadrada como encubrimiento por receptación sospechosa agravado.

Por último, aunque cinco personas irán a juicio, la investigación continúa abierta respecto de otros posibles participantes en la maniobra, ya que se presume que la operatoria requirió la intervención de más personas para concretar el ataque informático contra la empresa marplatense.