El secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), Christian Grobas, aseguró a LA CAPITAL que el fallo judicial que suspendió la actividad de reparto en moto o bicicleta de las plataformas Rappi, Glovo y Pedidos Ya en Capital Federal “no contiene a los trabajadores”.

“Nosotros queremos que se regularice el trabajo en todo el sector, ya sean las aplicaciones, mensajería, comercio y de más empresas. Considero que el fallo de la justicia tuvo que ir acompañado desde lo sindical y el arco político para contener a los trabajadores que ahora se quedan sin trabajo”, señaló y aseguró que se debería haber garantizado algún “ingreso” para los trabajadores “hasta que la empresa regularice su situación”.

El pasado viernes, el juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, suspendió la actividad de delivery de las reconocidas empresas hasta que las mismas regularicen la situación laboral de su personal y cumplan con el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad. Además, les bloqueó los pagos con tarjetas de crédito y dispuso que se hagan operativos policiales para decomisar las mercaderías de los repartidores.

Gallardo explicó que su decisión se basa “en el incumplimiento” por parte de las empresas de la presentación de documentación “ordenada hace siete meses” por la Justicia.

El Juzgado de Primera Instancia le había solicitado el 10 de julio a las plataformas, que en 48 horas debían presentar una lista completa de su personal y la constancia de haberles entregado los implementos de seguridad vial exigidos por la ley.

También debían acreditar que el personal de reparto posee libreta sanitaria vigente y las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART.

El fallo, al que las empresas anticiparon que apelarán, volvió a poner el foco en los nuevos sistemas de reparto a través de aplicaciones móviles y la falta de protección laboral que cuentan quienes trabajan en el sector, muchos de los cuales no cuentan con un sueldo básico, seguro ante accidentes, garantía de respuesta ante hechos de inseguridad o incluso con la provisión de las herramientas de trabajo como el medio de transporte, mochila para trasladar los productos o elementos de protección (como por ejemplo, el casco).

A principios de mayo de este año, en el Concejo Deliberante de la ciudad, se había dado el primer paso para modificar la ordenanza que regula la actividad de los mensajeros y deliverys de la ciudad.

El debate, promovido por los reclamos de los trabajadores marplatenses, se abrió en el marco de una mesa de trabajo convocada por concejales y permitió reunir en el recinto a los propios repartidores, autoridades de la CGT y la UCIP y hasta apoderados de Glovo, una de las dos empresas que realiza envíos a través de las aplicaciones y en Mar del Plata.

El punto de partida pasó por la modificación de la ordenanza vigente, la N°17.672, sobre la cual se evalúan incorporar artículos que contemplen justamente las particularidades del trabajo que realizan cientos de jóvenes con las bicicletas y las motos que se observan en gran parte de la ciudad desde hace meses, principalmente en la zona céntrica.

Sin embargo, Grobas aseguró que pese a las reuniones, “no se avanzó en nada”. “Estamos ansiosos para que se concrete algo, pero mientras tanto estamos haciendo malabares y solucionando situaciones que a veces nos superan como organización”, señaló y destacó que la crisis económica sumada la falta de trabajo en la ciudad hacen un combo difícil de sostener para toda actividad, pero sobre todo para los ‘delivery’

“No es casualidad que estas empresas desembarquen con tanta fuerza en contextos como el actual. Actualmente no tenemos todo el aparato que deberíamos para contener a todos los trabajadores que se desempeñan en la tarea. De hecho, tenemos compañeros a los que les estamos llevando alimentos porque se accidentaron y no puede trabajar. Otra persona está esperando una prótesis hace meses”, señaló.

Pese a las demoras en el tratamiento en el Concejo Deliberante, Grobas insistió en que “la política es la llave para poder generar calidad de vida”. “Es muy grave la situación, estamos esperando que se tomen decisiones acertadas y que se haga un relevamiento para conocer a ciencia cierta cuántos trabajadores están en estas condiciones, no sólo en aplicaciones sino también en mensajerías clandestinas, que hay muchas en la ciudad”, señaló.

Si bien el dirigente aseguró que la “demanda de trabajo está y estuvo antes también”, aseguró que la solución es la regulación “para que la empresa cumpla con los derechos de los trabajadores y trabajadoras que ejercen la tarea”. “Con esto no defiendo a las aplicaciones, porque para mí las aplicaciones son escalvistas por el sistema que tienen, pero las aplicaciones se instalaron y, mal o bien, hay ya muchas personas trabajando con ellas. El debate ahora es regularizarlo, si se insta al cierre se está dejando a muchas personas sin su único ingreso”, advirtió.

Según el trabajo de relavamiento que el sindicato local hizo en abril, en la ciudad, hay al menos 608 trabajadores del sector de delivery y mensajería que no cuentan con todos los derechos laborales básicos.

¿Llegó Rappi a Mar del Plata?

En los últimos meses varios fueron los trascendidos que aseguraban que Rappi, una de las firmas de comercio electrónicos más importantes de América, tenía previsto desembarcar en Mar del Plata este invierno, sumándose así a la oferta que hoy sólo ofrecen otras clásicas del mercado: Glovo y Pedidos Ya.

Sin embargo, pese a que no existe información oficial sobre el posible arribo y en sus canales oficiales la firma advierte que en territorio nacional sólo opera en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y La Plata, el secretario general de Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), Christian Grobas, no descartó que los rumores sean confirmados.

“Nos llegó la información de que habían tomado un grupo de chicos, pero sólo vimos dos en la calle”, señaló.

Rappi es una compañía multinacional colombiana de comercio electrónico, con sede principal en Bogotá, Colombia. Activa en México, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Colombia, país donde fue fundada en 2015 por Felipe Villamarin, Sebastián Mejía y Simón Borrero (CEO de la compañía).