El fiscal general federal, Daniel Adler, presentó este viernes una denuncia penal para que se investigue la presunta omisión de deberes de funcionarios públicos para garantizar que no se produzcan nuevos ataques de perros.

El funcionario también pidió una medida cautelar para que se ordene al Ejecutivo Municipal adoptar las medidas sanitarias correspondientes que eviten la circulación de perros sueltos y peligrosos, y que los organismos competentes de orden nacional, provincial y municipal aseguren un stock permanente de vacunas antirrábicas en los centros de salud del municipio.

La presentación judicial de Adler se produce luego de que esta semana se conociera el caso de Cristina Arcidiácono, la mujer de 60 años que fue atacada por dos perros callejeros en la zona de Varese y sufrió lesiones en sus piernas.

También se presenta luego de que el Concejo Deliberante no se pusiera de acuerdo en la sesión de ayer en la aprobación de un proyecto de ordenanza que busca prohibir, tanto en la vía pública como en terrenos privados, los animales sueltos o que no se encuentren atados.

Adler aseguró que tomó “conocimiento directo de una situación grave” y que por eso denuncia “hechos que pueden constituir delitos de acción pública que afectan a la comunidad”.

El fiscal mencionó que “se trata, ni más ni menos, del elemental derecho a la integridad física y a la vida de las personas que habitan el Partido de General Pueyrredon”, que “se ve afectado o puesto en riesgo por jaurías de perros que pululan por diversos sectores de la ciudad de Mar del Plata, muerden y lastiman a las personas y generan la posibilidad de transmisión de una enfermedad mortal: la rabia”.

La denuncia se dirige “contra quienes tienen el deber institucional de preservar la vida, la integridad física y el derecho a circular libremente de la población y no toman las medidas y recaudos necesarios y suficientes para evitar todo tipo de riesgo o lesiones de parte de perros sueltos y peligrosos”, apuntó.

Adler recordó que han sido “múltiples” las informaciones periodísticas acerca de personas que sufrieron graves heridas por las mordeduras de perros en lugares públicos de la ciudad. “Bastaría con recorrer los diarios de los últimos meses”, señaló.

El fiscal especificó que en mayo informó al Poder Ejecutivo Municipal de un caso sucedido en la zona de Varese. Fue el de la hija de Federico Álvarez Larrondo, funcionario del Ministerio Público Fiscal, que fue mordida por un perro y debió ser trasladada a Tandil “ante la inexistencia de vacunas antirrábicas en el distrito de General Pueyrredon”.

Adler indicó que entonces puso en conocimiento esta grave situación “para que se tomaran las medidas correspondientes a los fines de evitar futuros daños en la salud de la población”. No obstante, “una mujer fue atacada por una jauría en el mismo lugar”, lamentó.

“En síntesis: pese a tener conocimiento del grave riesgo de la población en relación con jaurías de perros que atacan personas en el distrito de General Pueyrredon, la autoridad competente no habría tomado las medidas adecuadas para evitarlo. Meses después y en el mismo lugar se vuelven a producir graves lesiones a transeúntes”, insistió. Y apuntó que “los funcionarios públicos se encontraban en una clara posición de garante y habrían omitido tomar las medidas correspondientes para que no se produzcan nuevos ataques de parte de perros sueltos y peligrosos”,

Según Adler, “la reiteración de estos hechos y el presunto incumplimiento de los deberes funcionales pone en riesgo a toda la comunidad que convive a diario con estas situaciones”, por lo que requirió medidas cautelares “tanto en lo que se refiere a la los perros sueltos y peligrosos como a la provisión de vacunas antirrábicas”.

El hecho “encuadra en delitos de tipo funcional, esto es, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, de acuerdo a lo que determine la investigación (CP 248/249)”, indica la denuncia.

Adler solicitó que se requiera a todas las fiscalías de la ciudad y comisarías de la zona información acerca de investigaciones, denuncias o contravenciones vinculadas al ataque de perros sueltos o peligrosos.

También pidió que se les solicite al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante informes pormenorizados de las resoluciones vinculadas a los ataques de perros, las acciones desarrolladas por los departamentos de su competencia y las acciones de prevención en los espacios públicos, “en especial en las playas donde han sucedido varios de los últimos ataques”.