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La Ciudad 1 de febrero de 2017

Funcionarios municipales y periodistas discutieron sobre la interpretación de un decreto

Ocurrió en la conferencia de prensa que encabezó ayer el intendente Carlos Arroyo. La norma es la relacionada con las fiestas electrónicas. Dice que no se autorizará la realización de esos eventos, pero este verano se realizaron todas.

Las consultas sobre la enorme confusión que generó el decreto mediante el cual el intendente Carlos Arroyo dispuso “no autorizar la realización” de fiestas electrónicas generaron ayer una intensa discusión entre funcionarios y varios periodistas.

Sobre todo luego de que secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, invitara a la prensa a leer el texto, intentando citarlo de memoria, aunque con alguna inexactitud.

“Si hubieran prestado atención a los términos del decreto, dice con absoluta claridad ‘no se autorizarán a la fecha de la presente'” las fiestas electrónicas, comentó. Vicente agregó que la fecha en la que se emitió la norma fue “el 10 de enero” y afirmó que ya en ese entonces “siempre dijimos” que la realización de “las fiestas solicitadas” serían consideradas.

En ese momento, hubo varios periodistas que comentaron que pese a eso, el Twitter oficial del municipio había comunicado otra cosa, informando que las fiestas se habían suspendido. “Cuando juré desempeñar mi función lo hice sobre la Constitución y no sobre Twitter”, respondió el funcionario, restándole importancia a lo que había comunicado la comuna en la red social.

En ese punto Vicente insistió: “lean bien la letra del texto porque ahí está” y volvió a citar convencido: “no se autorizarán a partir de la fecha de la presente”. En ese punto, LA CAPITAL le preguntó si ratificaba que el decreto dijera exactamente eso, ante lo cual Vicente lo reafirmó. Y agregó con mordacidad: “cada uno interpreta la norma en función de cómo la lleva a su intelecto”.

La realidad es que el artículo 1 del decreto 112 dice algo ligeramente distinto de lo citado por el secretario ante la prensa. La diferencia radica en una palabra, posiblemente crucial. La norma dispone, textualmente: “no autorizar la realización a partir de la fecha (…) de las llamadas fiestas electrónicas”. Lo cierto fue que después de aquella fecha se realizaron siete.