Los reclamos de los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Hospital Garrahan fueron respondidos por el Gobierno en un nuevo capítulo de la pelea que sostienen desde hace más de 2 años.

En concreto, los dirigentes gremiales están pidiendo que los ingresos extraordinarios de la entidad pediátrica sean repartidos para los empleados, una versión que el oficialismo se encarga de rechazar con números en mano.

Fuentes sindicales ante la consulta de Agencia Noticias Argentinas afirmaron que en el mes de mayo el Garrahan obtuvo un ingreso récord de 7 mil millones de pesos en concepto de prestaciones y obras sociales. Esos fondos deben ser repartidos para los trabajadores, algo que no está sucediendo de acuerdo a lo que denunciaron. Por eso avanzaron con una denuncia judicial.

La Casa Rosada, ni bien escuchó los planteos de los gremios, se preocupó en desmentirlos. Expresó que durante el año pasado el hospital otorgó bonos extraordinarios. Estas sumas adicionales tenían vigencia hasta diciembre. “Sin embargo, el hospital decidió mantener el piso de fondos destinados al personal generado a partir de esos bonos”, respondieron.

Hoy, de acuerdo a los números que brindó la gestión libertaria, “la recaudación se está distribuyendo un 65% al personal, garantizando la continuidad de ese piso, y se destina el 35% restante al hospital”.

En torno a la recaudación que se generó el mes pasado, en La Libertad Avanza señalaron que es verdad que se alcanzó una cifra extraordinaria de 7.000 millones de pesos. Pero remarca que se reparte con el personal. “Actualmente, la recaudación destinada al personal representa aproximadamente 4.000 millones de pesos”, sostuvieron.

Y completaron: “El objetivo es continuar incrementando la recaudación para volver a una distribución equilibrada de los fondos: 50% para el hospital y 50% para el personal asistencial”.

Desde fines de 2023, los sindicatos, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ATE Garrahan encararon una pelea con la administración libertaria, con denuncias que alcanzaron instancias judiciales por ajustes y despidos. En el Gobierno contestaron con obras y un incremento salarial para el personal del 61%, que desactivó buena parte de los conflictos.