Un grupo de motociclistas de Mar del Plata reiteraron su negativa a utilizar cascos y chalecos con la patente de sus motos impresos porque “las personas no se patentan” y aseguraron que “así no se soluciona el problema de la seguridad”. Esa medida había sido impulsada años atrás, en la provincia de Buenos Aires cuando Daniel Scioli era gobernador, pero no prosperó.

Además de la marcha que realizaron frente al Palacio Municipal el pasado 1 de abril, planean otra manifestación para el sábado próximo en la Rambla (ver recuadro) y pidieron una audiencia en la municipalidad local.

“El decreto nacional 171 de marzo pasado, que modifica la Ley Nacional 24449, no solo no cubre las expectativas de solucionar el problema de inseguridad, sino que además pone en riesgo una parte de la sociedad y viola derechos fundamentales de la Constitución Nacional”, explicó Leonardo Alvarez, uno de los referentes del grupo.

En ese sentido, aseguró que “el Estado no puede arrogarse la potestad para restringir derechos y garantían de gran parte de los habitantes mediante facultades extraordinarias. Las falencias del Estado no pueden cubrirse haciendo que una parte de los habitantes de la Nación sean estigmatizados mediante las normas”.

Por otra parte, el motociclista indicó que “desde el mismo Estado se fomenta el concepto de ‘motochorros’, ya que con estas medidas nos condiciona ante toda la ciudadanía, lo que resulta discriminatorio y viola la Convención Americana de las Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica”.

No patente

Por otra parte, Alvarez recordó que “desde la Asamblea General Constituyente y Soberana de 1813, nuestros dirigentes sentaron las bases de las libertades y el principio de igualdad, lo que queda violado al hacer que las personas sean patentadas. Este decreto desprecia estos preceptos y la letra de nuestra Carta Magna”.

En referencia a otro punto del decreto, explicó que “el límite de personas que viajan en un motovehículo queda estipulado por la fabricación del mismo, son los fabricantes y bajo las normas correspondientes, los que equipan al motovehículo para transportar dos personas. No puede el Estado obligar al propietario de los mismos a que no transporten acompañante, ya que de esa forma viola la propiedad privada”.

“Si bien los derechos no son absolutos -añadió- y hoy nos encontramos en la disyuntiva de que hay que proteger los bienes del ciudadano, no es razonable que para satisfacer un reclamo legítimo de la sociedad, el Poder Ejecutivo Nacional por inoperancia e ineficiencia tome a una parte importante de la sociedad (somos 7 millones de usuarios de motos) y pretenda hacerla responsable de la inseguridad”. Y aseguró que estadísticamente “son minoritarios los delitos cometidos en motovehículos” por lo que “solicitamos y exigimos al Estado la misma protección que el resto de los habitantes de la Nación. Tenemos los mismos derechos”.

Controles

Asimismo, consideró que con los chalecos patentados “quedamos a merced de la violencia que será ejercida para quitarnos los cascos y los chalecos, los cuales serán usados para delinquir y eso nos expondrá a demostrar nuestra inocencia”.

Por otra parte, Alvarez propuso que “el Estado se ponga en marcha y realice controles serios, que las fuerzas de seguridad o los agentes de tránsito soliciten a los motociclistas la documentación pertinente y obligatoria, que se controle que se circule con la chapa patente, espejos y los pasajeros de las mismas lleven puesto el casco, que los controles no sean solo en las avenidas o rutas, sino en los barrios. Las personas no se patentan en Mar del Plata”.