por Nicolás Del Caño

A raíz de la crisis por el coronavirus venimos señalando desde el inicio que en nuestro país la cuarentena fue una medida tomada “sin GPS”, y que deberían haberse implementado desde el comienzo, junto con el aislamiento, testeos masivos para localizar a los portadores asintomáticos del virus y así contener mejor su contagio.

Hoy, el Gobierno y la clase capitalista no saben cómo salir de esta situación, mientras millones no tienen con qué sobrevivir, empezando por los trabajadores que vivían de su ingreso diario y también cientos de miles de pequeños comerciantes que se están yendo a la ruina.

Los 10.000 pesos del ingreso de emergencia no alcanzan y además millones se quedaron sin siquiera ese mínimo paliativo.

Las grandes patronales plantean que se libere todo ya, porque no les importa la vida de las y los trabajadoras/es, sólo piensan en sus ganancias.

En la última semana vimos como Alberto Fernández se pasa la pelota con los gobernadores e intendentes por la responsabilidad de ir levantando el confinamiento en medio de una salud pública destruida, no sólo por el anterior gobierno.

En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el peronismo que la gobernó 28 años desde el fin de la dictadura, bajó al igual que Vidal el porcentaje del presupuesto destinado a salud año tras año.

Además, desde que se inició este año el gobierno pagó más de 5.000 millones de dólares de la deuda fraudulenta. Con esa plata que fue a parar a los bolsillos de los especuladores se podrían haber tenido cientos de miles de test, todos los respiradores necesarios y el equipamiento de protección personal para que las y los trabajadores de la salud puedan seguir en la primera línea sin contagiarse.

Argentina tiene el triste récord mundial de tener uno de los mayores porcentajes de contagiados de las y los trabajadores de la salud.

Pero no es sólo eso. Hoy las patronales están aprovechando la crisis para imponer una reforma laboral de hecho.

Claro que no la hacen solas: los dirigentes de la CGT salieron de su “cuarentena eterna” para darle la luz verde a las suspensiones con rebaja salarial. Ademas, de la prohibición de despidos quedaron afuera más del 40% de los trabajadores que no están registrados y que ya están siendo despedidos masivamente.

Sabemos que también despiden muchas empresas con trabajadores registrados.

Se quieren aprovechar del terror que produce el desempleo para avanzar más y más en la flexibilización y las rebajas salariales.

Desde el Frente de Izquierda venimos denunciando esta situación y planteamos qué medidas se pueden tomar: empezando por un impuesto extraordinario a los grandes empresarios, bancos y terratenientes. Lo planteamos como parte de un conjunto de medidas, por ejemplo declarar de utilidad pública todo el sistema privado de salud, una medida que tomaron países como por ejemplo Irlanda. Estamos en una emergencia y hay que tomar medidas de fondo.

Con ese impuesto podríamos garantizar un salario de cuarentena de treinta mil pesos a todos aquellos que no tengan licencias pagas. Y los fondos necesarios para seguridad de las y los trabajadores e infraestructura del sector de la salud. Y también se podrían construir 100 mil viviendas en un año, para los que están hacinados.

Pero este proyecto es parte de un programa integral para que esta vez la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador, que incluye una banca estatal única para preservar los ahorros, evitar la fuga de capitales y darles ayuda crediticia a los pequeños comerciantes arruinados, así como monopolio del comercio exterior para que la entrada y salida de divisas no sea manejada por cuatro o cinco cerealeras y automotrices.

Esto obviamente sabemos que depende de una fuerte organización y debate entre los sectores de la clase trabajadora para imponérselo a aquellos que han ganado y siguen ganando fortunas, incluso en medio de esta crisis sanitaria y económica.

(*): Diputado nacional del PTS Frente de Izquierda.