La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley para crear el Índice de Transitabilidad de Caminos Rurales (ITCR), una herramienta destinada a medir el estado de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires y ordenar la asignación de fondos para infraestructura vial.

La propuesta incorpora el índice a la Ley 13.010 y establece que deberá elaborarse sobre la base de parámetros técnicos y verificables. Entre ellos, contempla el escurrimiento del agua, el abovedado, el estado de la calzada, la capacidad para soportar tránsito pesado, la conectividad y las obras complementarias de cada camino.

El proyecto también prevé la creación de un Consejo Asesor de Caminos Rurales, integrado por representantes del Gobierno provincial y entidades agropecuarias. Ese organismo tendrá a su cargo la elaboración de estadísticas y diagnósticos regionales, además de confeccionar el índice y publicar un ranking provincial sobre el estado y la gestión de los caminos rurales.

“Los caminos rurales son fundamentales para la producción, la educación y la vida cotidiana de miles de bonaerenses. Necesitamos herramientas objetivas que permitan saber en qué estado están y garantizar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan”, sostuvo Vaccarezza, legisladora oriunda de Alberti.

La iniciativa además habilita la firma de convenios con universidades nacionales para desarrollar herramientas tecnológicas que permitan reportar incidencias viales en tiempo real. El objetivo es incorporar la participación de productores, transportistas y usuarios habituales de la red rural.

Otro de los puntos centrales del proyecto establece que el Índice de Transitabilidad deberá publicarse cada 180 días en los sitios oficiales de la Provincia, con acceso abierto a la información sobre el estado de los caminos y la planificación de obras.

En los fundamentos, Vaccarezza señaló que la propuesta apunta a generar “un sistema de indicadores técnicos estandarizados y de acceso público” para orientar tanto la ejecución de obras como la distribución de recursos provinciales y municipales.

La legisladora también planteó la necesidad de que “el contribuyente rural sienta que el impuesto que paga tiene una contraprestación medible y auditable”.