La justicia de Mar del Plata imputó a empresarios del transporte de colectivos de la ciudad por inscribir a “choferes-fantasma” ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para recaudar subsidios del Estado por varios millones de pesos en forma fraudulenta.

La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Fernando Berlingieri, acreditó luego de más de 8 meses de investigación, que 71 trabajadores fueron registrados en las empresas 12 de Octubre y 25 de Mayo de Mar del Plata y que, de esta manera, el empresario Juan Inza obtuvo entre enero y abril de 2016 cerca de 3.200.000 de pesos en subsidios nacionales que no le correspondían.

Al tratarse de un posible caso de defraudación al Estado Nacional, el fiscal le pasará la causa a la Justicia Federal.

La situación se descubrió en abril del año pasado, cuando decenas de desempleados perdieron sus beneficios sociales porque figuraban como choferes en blanco de empresas de colectivos de la ciudad y ante esta situación fueron ellos mismos quienes se presentaron a la Justicia representados por el abogado Julio Hikkilo.

De los 952 choferes que tenían en diciembre de 2015 las empresas 12 de Octubre, 25 de Mayo, Peralta Ramos y El Libertador pasaron a ser 1.397 en enero de 2016, según indicó la agencia de noticias DyN a partir de información publicada en el portal Qué Digital.

Supuestamente, las empresas habían contratado a 445 choferes para la temporada, un aumento en su nómina que representa 46,7 por ciento.

El incremento de choferes, quienes en la AFIP y la ANSeS aparecían como trabajadores en blanco con sueldos cercanos a los 18.000 pesos, se puede ver en las declaraciones juradas firmadas por los empresarios Juan Inza -responsable de las empresas 12 de Octubre, 25 de Mayo y El Libertador- y Diego Basílico -El Libertador- y por el mismo contador, Federico Pomero.

Trascendió que de las cerca de 100 declaraciones testimoniales tomadas por el fiscal Berlingeri, personal de la AFIP y de la Dirección Departamental de Investigaciones a personas que figuraban como contratadas por los transportistas en enero de 2016 se desprende que la gran mayoría no trabajó nunca en esas empresas, que un grupo estaba “en negro” y que algunas personas trabajaron allí, aunque no como conductores, sino realizando otras tareas.

De esta manera, el fiscal corroboró que entre enero y marzo de 2016 se presentaron declaraciones juradas con “información falsa”, algo que incide directamente en el monto de los subsidios entregados por el Estado Nacional a las empresas, ya que 20 por ciento del total tiene que ver con la cantidad de unidades, 10 por ciento con los kilómetros recorridos y el restante 70 por ciento por la cantidad de choferes registrados.

De los 445 choferes que las empresas contrataron entre diciembre de 2015 y enero 2016, el fiscal Berlingeri le tomó declaración a más de 100: 99 corresponden a las empresas más grandes -25 de Mayo y 12 de Octubre- y fueron detectados 71 casos de personas que habían sido registradas como conductores en blanco.
En la empresa 12 de Octubre, de los 122 choferes que había en diciembre se aumentó a 229, para bajar en abril a 126.

De la diferencia de 107, la Fiscalía le tomó declaración a 39, encontrando 34 casos de “choferes-fantasma”. En la empresa 25 de Mayo la situación es similar: de 578 empleados en diciembre de 2015 se pasó a 780 en enero de 2016, para luego, en abril, bajar a 586.

En esta empresa se pudieron tomar 60 declaraciones testimoniales, que arrojaron que solamente 23 personas trabajaron como choferes durante el verano, aunque algunos de ellos pensaron que estaban “en negro”. Por ende, se comprobó que en la 25 de Mayo hubo 37 casos de “choferes-fantasma” acreditados.

El subsidio que otorga el gobierno nacional por cada chofer registrado es, dependiendo el mes, de entre 15.000 y 16.000 pesos. Con los números acreditados por el fiscal Berlingeri, la empresa 12 de Octubre entre enero y abril obtuvo cerca de 1.500.000 de pesos y la 25 de Mayo cerca de 1.700.000 pesos.

Ambas empresas son de Juan Inza, por lo que el empresario, según los números que pudo acreditar la Fiscalía, obtuvo 3.200.000 de pesos por el pago de subsidios que no le correspondían.

Si bien entre enero y abril las empresas de Mar del Plata recibieron casi 12.000.000 de pesos en subsidios por el incremento en sus nóminas de trabajadores, debido a la dificultad para tomar las declaraciones, los investigadores acreditaron un mal pago en 3.200.000 de pesos.

De esta manera, y al considerar que se trata de defraudación a las arcas nacionales, el fiscal Fernando Berlingeri le pedirá a la Justicia de Garantías de la provincia que remita la causa a la esfera Federal, para que continúe con la investigación bajo la hipótesis de que Inza entregó declaraciones juradas con información que no se ajustaba a la realidad para obtener mayores beneficios en conceptos de subsidios nacionales.