La Justicia Federal solicitó formalizar una investigación contra dos personas vinculadas a una empresa dedicada a la comercialización de productos ortopédicos, que funcionaba en Mar del Plata y Bahía Blanca, por dos hechos que, según la hipótesis acusatoria, estarían relacionados con el ingreso irregular de instrumental quirúrgico y la venta de insumos médicos vencidos.

Uno de los episodios se originó en una inspección realizada en septiembre de 2025 en la sede marplatense de la firma. Allí fueron encontradas 366 puntas de shaver, herramientas quirúrgicas de un solo uso utilizadas en intervenciones sobre tejidos y articulaciones. De ese total, 161 estaban vencidas, con fechas que iban de 2010 a 2024. El organismo de control dispuso la inhibición de su uso, comercialización y distribución.

La Fiscalía sostiene que esos instrumentos, de origen extranjero, habrían ingresado al país sin la documentación aduanera correspondiente y que estaban destinados a su comercialización. Según el escrito, las empresas fabricantes informaron que los lotes detectados no habían sido importados o comercializados en Argentina, aunque con algunas excepciones.

El segundo hecho investigado apunta a una presunta maniobra para comercializar insumos médicos vencidos mediante la modificación de sus etiquetas. La principal evidencia mencionada por la Fiscalía surge de las pericias realizadas a teléfonos secuestrados durante una serie de allanamientos en domicilios vinculados a la firma.

En las conversaciones de WhatsApp aparecen pedidos de planchas de stickers para puntas de shaver de distintas medidas, con referencias expresas a la necesidad de colocarles nuevas fechas de vencimiento. Según el escrito fiscal, esos requerimientos se repitieron al menos diez veces entre abril de 2024 y junio de 2025. En algunos mensajes se solicitaban etiquetas con vencimiento en 2026.

Para los investigadores, esos intercambios permiten sostener, como hipótesis, que se buscaba disimular la caducidad de los productos para introducirlos nuevamente en el circuito de comercialización. La Fiscalía también atribuye a uno de los investigados capacidad de decisión dentro de la empresa y conocimiento de esas maniobras.

En la audiencia de formalización, el fiscal Carlos Martínez expuso conversaciones vinculadas con una advertencia realizada por un establecimiento hospitalario de Bahía Blanca, que había comunicado que dejaría de procesar determinados insumos implantables y exigiría productos estériles de fábrica, en sus envases originales. Pese a esa advertencia, la Fiscalía sostiene que existirían mensajes posteriores que indicarían que la firma habría continuado reesterilizando puntas de shaver.

La investigación todavía busca determinar si los productos con fechas presuntamente adulteradas fueron efectivamente entregados a establecimientos de salud y si llegaron a utilizarse en pacientes. Ese punto permanece pendiente y no puede darse por acreditado.

La presentación fiscal solicita que la investigación continúe durante 180 días hábiles.