Días después de que General Pueyrredon adhiriera oficialmente al sistema provincial de multas que fija sanciones de hasta 4,3 millones de pesos para quienes infrinjan las restricciones vigentes, Guillermo Montenegro sentó en su despacho a los funcionarios de las áreas de control y a los jueces de faltas: les ordenó “máxima rigurosidad” con los organizadores de fiestas clandestinas y los instruyó a “ir a fondo” contra los incumplimientos que ponen en riesgo la salud y el trabajo.

Ni el frío, ni el alza de los casos de coronavirus ni la tensión del sistema sanitario local evitó en las últimas semanas que distintas personas organizaran grandes fiestas con cientos de invitados, a sabiendas de que está prohibido por ser considerado uno de los principales focos de contagio.

Ocurrió en un balneario del sur la semana pasada con más de 300 personas, también en domicilios particulares, siguen detectándose actividades no permitidas en espacios gastronómicos y reuniones sociales que se “desmadran” y se extienden hasta la madrugada.

El intendente tildó de “irresponsables” a quienes continúan organizando fiestas clandestinas. Los acusó de “poner en riesgo la salud y el trabajo” de los vecinos de Mar del Plata. Dejó en manos de los jueces de faltas la potestad de aplicar duras sanciones, aquellas que contempla el régimen de multas de la provincia de Buenos Aires al que a través de un decreto adhirió la semana pasada el municipio de General Pueyrredon.

Montenegro y también su secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, estamparon sus firmas sobre el decreto ad referéndum mediante el cual el municipio se incorporó al sistema de multas promovido por el Ejecutivo bonaerense.

Dicho sistema sanciona a quienes no acaten las limitaciones dispuestas, desde el no uso de barbijo en espacios donde es obligatorio utilizarlo hasta la realización de fiestas clandestinas.

Las multas son graduales, es decir, de acuerdo a la infracción. Pero el gobierno municipal las centró principalmente en torno a la nocturnidad. Es allí donde el jefe comunal pidió poner el foco, con la desactivación de fiestas clandestinas como prioridad en ese sentido.

“Sabemos que la mayoría de los contagios se da en los lugares donde no existen los protocolos. Ponen en riesgo no solo el sistema sanitario de la ciudad sino también el trabajo”, expuso Montenegro.

El intendente ordenó a los jueces que utilicen “todos los recursos” para que avancen estos procesos administrativos sobre las causas iniciadas por la organización de fiestas clandestinas, y paralelamente, recordó que quienes asisten también tendrán consecuencias penales por la violación de artículo 205 del Código Penal.

Los tiempos de la Justicia

La orden que bajó Montenegro no fue casual. Durante el verano, las fiestas clandestinas se volvieron un dolor de cabeza para el municipio y también para la Provincia. Dieron lugar a las restricciones nocturnas entre enero y febrero y llegaron a desactivarse unas 20 por noche, en playas, casas particulares, quintas y boliches.

Los inspectores municipales intervinieron en cientos de procedimientos, pero luego aparecía un inconveniente recurrente: la demora de los procedimientos en la Justicia de Faltas para aplicar sanciones. Al día de hoy son escasas las multas impartidas contra los organizadores de aquellas multitudinarias fiestas. Desde la Justicia de Faltas optaron por no brindar precisiones a la prensa sobre este punto. La adhesión al sistema de multas y la orden a los jueces buscan revertir dicha demora en ese eslabón clave de la cadena de infracciones, que comienza con los inspectores municipales que actúan in situ y deviene en extensos procedimientos que retrasan la aplicación de las sanciones.

“Hoy los jueces tienen más herramientas con este sistema de multas y está la orden de Montenegro, deben ponerse firmes e ir a fondo”, apuntó una fuente del gobierno municipal.

Hasta ahora, a instancias de la Justicia de Faltas se inicia un proceso en el que el infractor puede concurrir a hacer su descargo y el juez resuelve el monto de la multa. Para algunas fiestas realizadas en verano llegaron a impartirse unas pocas sanciones de entre 150.000 y 200.000 pesos.

Son procesos que “llevan un tiempo”, meses en la mayoría de los casos. Con esta adhesión al régimen de multas, destacan desde el Ejecutivo local, ahora los jueces de faltas “tienen la norma para aplicar” y sancionar “con mayor rigurosidad” a quienes no respetan las normativas dispuestas a raíz de la pandemia.