Un hombre que había sido condenado en 2015 por explotar trabajadores en un campo de la Ruta 226 y que se encontraba con libertad condicional irá a juicio nuevamente porque en 2018 la Justicia Federal constató que en el mismo predio la situación se repetía: trabajadores de nacionalidad boliviana vivían en precarias condiciones y realizaban jornadas extensas de trabajo, por las que recibían a cambio montos y modos de pago por fuera de la ley.

El dueño del predio rural La Coca -ubicado en el kilómetro 15,5 de la ruta 226-, Wilson Adalí Garzón López, había sido condenado en 2015 a seis años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Ahora, el fiscal general Daniel Adler, a cargo de la Fiscalía Federal N°2, solicitó la elevación a juicio de por una nueva causa, ocurrido en el mismo campo y por el mismo delito.

Para los investigadores, la imputación aborda una modalidad de explotación de la tierra propia de la servidumbre de la gleba: familias migrantes acogidas en concentraciones territoriales y que desarrollan su vida en forma prácticamente total y subordinadas a una persona que les da comida, casa y trabajo. En esta línea, el fiscal señaló que la ley de trabajo agrario exige el cumplimiento de determinadas normas, para evitar justamente situaciones abusivas y delictivas respecto de personas que se encuentran alejadas de los centros urbanos y que dependen prácticamente en forma exclusiva del empleador. “La violación a esta ley no implica de por sí la configuración del delito de trata, pero cuando son varios los elementos que se constituyen en un caso, como aquí ocurre, la vulneración normativa constituye un indicio del comportamiento delictivo”, reparó.

“Pese a la advertencia que implicó una condena penal anterior, Wilson no registró a las personas que vivían en el predio a su cargo, las hacía trabajar más horas de las debidas, no les daba recibo, vivían en condiciones de salubridad precarias, hacinadas, sin calefacción, sin baño privado, sin agua caliente y sin cuidado debido de los niños y niñas. No se trata de una sola infracción a las normas laborales, sino de múltiples vulneraciones normativas que, en su conjunto, afectan gravemente la dignidad de las personas”, subraya el requerimiento de elevación a juicio.

En concreto Garzón López está acusado del acogimiento para sometimiento a la servidumbre con fines de explotación laboral en la quinta La Coca, de siete personas oriundas de Bolivia que vivían, dormían y trabajaban allí desde hacía al menos dos años, hasta el allanamiento realizado el 27 de noviembre de 2018.
De acuerdo a la acusación, la mecánica de captación, acogimiento y ofrecimiento de tareas de cultivo en condiciones precarias y sin registración se realizaba a través de la existencia de grupos familiares de alojamiento temporal o residencia estable en el predio investigado, cuyas cabezas o padres de familia trabajaban en condiciones de explotación laboral.

La realidad en la quinta “La Coca”

Al analizar la extensión de la jornada y el salario recibido, para el Ministerio Público Fiscal quedó demostrado que los trabajadores efectivamente realizaban en el predio tareas en jornadas extendidas, de diez horas (promedio), y en uno de los casos los siete días de la semana. “Sabido es que la actividad en sí misma suele requerir periodos laborados que exceden las 8 horas diarias, lo cual está así contemplado en el art. 42 de la ley 26.727 (extensión de horas extraordinarias), previendo un descanso compensatorio, el cual no era gozado en el caso de autos”, repara el requerimiento.

A su vez, se destacó el informe elaborado por las profesionales del Programa Nacional de Rescate que intervinieron en el caso, quienes concluyeron que del análisis de los testimonios se advirtieron “muchas contradicciones y dificultades en sus relatos, destacando por una parte que algunas de ellas no podían hablar de sus salarios, otras dijeron no saber, que la paga dependía de cómo hacían su trabajo que tenían que arreglar con Wilson”.

Otras personas “variaban su relato expresando que percibían salarios mensuales fijos y luego aducían que cobraban porcentajes variables. Que los días de lluvia no podían trabajar, razón por la cual no percibían remuneración alguna.

Ninguna efectuaba operaciones matemáticas, cálculos de porcentajes u otras operaciones simples. Ninguna de ellas contaba con ropa adecuada, pudiendo observar en el lugar calzados abiertos e inapropiados para el trabajo”.

Al analizar las condiciones de salubridad y vivienda, se reparó en “las pésimas condiciones de seguridad, sanidad e higiene que padecieron las víctimas en el predio rural en cuestión, quienes debieron trabajar con su propia ropa y sin protección”.

Surge del expediente que las viviendas donde residían los trabajadores y sus familias, “consistían en habitaciones construidas precariamente, sin ventilación de pequeñas dimensiones”. Los baños estaban afuera y a unos metros de las casas, no tenían agua caliente, el agua se extraía por bombas y el gas era con garrafas que los propios trabajadores compraban.

El derecho a jugar

Las propias víctimas de este sistema de explotación contaron en el marco de la causa que, ante las ínfimas remuneraciones que le fueron fijadas, se vieron obligados a recurrir a la mano de obra de algunos de sus propios hijos, para poder aumentar el producido y así también sus salarios. Para el fiscal esto evidencia que “los jóvenes sufrían la misma explotación a la que se encontraban sometidos sus padres bajo las mismas condiciones reprochables de trabajo que aquéllos”.

Y se puso de relieve el caso de un niño de 12 años que reveló que no realizaba ninguna actividad extraescolar, y que no tenía amigos. Incluso, expresó que en ocasiones, por la mañana antes de ir a la escuela, iba al terreno donde estaban los cultivos para “ayudar” a sus padres. En este sentido, el fiscal valoró uno de los puntos señalados por las profesionales del Programa Nacional de Rescate, quienes relataron que el niño no tenía consigo su documentación –tampoco su hermanita-, dado que se encontraba en posesión de la dueña de la finca porque aquella tramitaría turnos pediátricos debido a que su madre se encontraba mal de salud y no le era accesible viajar.

“La situación de explotación de los padres se trasladó a los hijos, privándose a un niño, a quien la pareja de Wilson le retuvo la documentación, de actividades extraescolares, culturales, recreativas o deportivas; para decirlo sencillamente, se privó a un niño por la situación que se vivía en lo de Wilson del derecho a jugar”, subrayó Adler.