Reordenamiento del sistema previsional, reducción de los subsidios energéticos y eficientizar las empresas públicas, son los ejes seleccionados por los empresarios para mejorar los gastos del Estado y buscar el equilibrio fiscal.

“Hay que cambiar gasto ineficiente por gasto eficiente”, dijo el economista Esteban Domecq, en la presentación del debate y con ese objetivo se orientaron las propuestas presentadas por los empresarios en el 59° Coloquio de IDEA que finaliza hoy en Mar del Plata.

“Hay que hacer una racionalización del sistema previsional, un reordenamiento”, señaló en la presentación del primer eje, Javier Goñi, gerente general de Ledesma y director de IDEA.

Goñi indicó que, de acuerdo a las estadísticas oficiales, el sistema “en los últimos 20 años ha sido siempre deficitario”, a la vez que dijo que “el gasto previsional representa el 10% u 11% del PBI”.

Destacó además que el sistema cubre al 90% de la gente que está en condiciones de jubilarse “pero así no es sostenible”.

“Si uno no genera no puede gastar más de lo que produce, con este concepto el sistema es inequitativo. Hay 177 regímenes especiales cuyos haberes son 85% superiores al promedio del resto”, puntualizó.

Además apuntó al esquema planteado a partir de las moratorias: “Es gente que no ha hecho los aportes y está en igualdad de condiciones de quien sí los hizo”.

La propuesta apunta especialmente a evaluar esos regímenes especiales que representan 4 puntos de los 11% del PBI.

La eficacia del gasto en subsidios energéticos fue el segundo aspecto presentado por Gabriela Bardin, gerente general de P&G Argentina.

“Los subsidios energéticos en la Argentina, hoy se traducen en las tarifas. Hoy el promedio del costo de la energía es del 40% y el resto es subsidio. Representan 2,8 puntos del PBI. Racionalizarlos y reducirlos”, dijo Bardin.

“Hay que mantener la tarifa social para quienes lo necesitan pero hay que ir a una quita gradual para los que están en condiciones de pagarlo. Así como está es inequitativo. Todo esto se financia con inflación o con impuestos”, dijo.

Por otro lado, los empresarios sostienen la necesidad de eficientizar “el gasto de las empresas públicas”.

“En 2022, 34 empresas públicas gastaron 849.000 millones de pesos, que representarían unos 5.000 o 6000 millones de dólares, empleando 100.000 personas”. Puntualizaron que este aspecto se lleva un 1,8% del PBI.

Propuestas

En el documento presentado por IDEA “más de 80 CEOs coincidieron en identificar el potencial de crecimiento que tiene la Argentina. Por eso, y sobre la base del diagnóstico compartido, elaboramos propuestas que se centran en tres dimensiones relevantes del gasto público nacional: el sistema previsional, los subsidios energéticos y las empresas públicas”.

Jubilaciones

Advirtieron que “de no modificarse el sistema previsional en forma integral, en pocos años su gasto asociado y el déficit aumentarán exponencialmente” y sugirieron que “la reestructuración del sistema debe realizarse de una sola vez, de manera contundente, contemplando todas las dimensiones asociadas y procurando cumplir con principios de cobertura, suficiencia, equidad y sostenibilidad”.

Un trabajo elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) indica que el reordenamiento del sistema previsional debe contemplar, en primer lugar, las vías de acceso al sistema.

Por eso, se propone eliminar el requisito de años mínimos de aportes (que hoy encuentra la condición de 30 años) y unificar el acceso al régimen general y a pensiones no contributivas, terminando así con las distorsiones originadas por las moratorias.

En segundo lugar, consideraron necesaria “la revisión de los subrégimenes diferenciales y especiales y plantearon la discusión de la fórmula de movilidad previsional, contemplando ajustes que la vuelvan contra cíclica a los vaivenes económicos y protejan el poder de compra de los jubilados”.

Subsidios energéticos

Según el análisis presentado por IDEA, los subsidios energéticos “generan una creciente carga económica para el Estado y de sostener su dinámica continuarán afectando su sostenibilidad financiera. Sólo en 2022, los subsidios a la energía representaron 2,4% del PBI superando los 12.000 millones de dólares”.

La propuesta fue “reducir y eficientizar la implementación de subsidios” y, para eso, sugirieron avanzar en la segmentación de dos categorías de consumidores, según sus niveles de ingreso: los de mayores ingresos y los de menores ingresos.

El primero concentraría a un componente mayoritario de los usuarios y donde se avanzaría a la tarifa plena generalizada de energía eléctrica y gas (hacia 2024, los usuarios de ingresos altos y medios podrían abonar el costo pleno).

En tanto, los sectores de menos ingresos, continuarían con tarifa social con incremento progresivo y significativo tanto en energía eléctrica como en gas natural. De esta forma, se podría reducir el impacto financiero negativo, acompañando las demandas de los consumidores con mayores niveles de vulnerabilidad.

Siguiendo la propuesta, aseguran que “entre 2022 y 2027, los subsidios a la energía se podrían reducir en más de US$9.600 millones (78%) en un escenario intermedio con los incrementos tarifarios propuestos, lo que implicaría una reducción de alrededor de 2% del PBI respecto al escenario actual”.

Empresas públicas

Las propuestas contemplan dos dimensiones. Por un lado, buscando mejorar el desempeño económico, operando con presupuestos equilibrados, eliminando las asistencias financieras del Tesoro para cubrir déficits operativos.
“Es necesario que las empresas públicas se desempeñen en un marco de competencia para no atentar contra la capacidad de empresas del sector privado”, explicaron.

Por último, se planteó la creación de un holding administrador de las empresas de propiedad estatal que dejen de lado la dependencia directa de los ministerios para pasar a Jefatura de Gabinete”.

Además, propusieron la incorporación de un capítulo especial a la Ley 26.831 que cree un Régimen de Transparencia y Responsabilidad en la Administración de Empresas Públicas, Entes Públicos y Fondos Fiduciarios bajo la órbita de la CNV, con normas de presentación de información financiera, hechos relevantes y responsabilidad de los administradores similares a los que rigen para el sector privado.

“Consideramos fundamental establecer estándares medibles para la aprobación y asignación en cargos de roles de dirección a través de normas de gobernanza y auditorías externas, con claras exigencias en relación con sus plazos de presentación y publicidad a partir del régimen establecido por la CNV”, dijeron.