El Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzará el próximo 4 de septiembre el juicio contra tres personas, entre ellas Leopoldo “Polo” Carrena, acusadas de lavar dinero para la organización narcocriminal caída en la operación “Carbón Blanco” y que fuera liderada por el fallecido Carlos Salvatore.

Los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa habían puesto como fecha de inicio el 7 de agosto pero fue reprogramado a pedido de una de las defensas.

Carrena, junto a Sergio Daniel Salomone y Viviana Tejero, fueron señalados por la acusación como personas de confianza de Salvatore. Los tres llegan a esta instancia en libertad, Carrena acusado de ser coautor del delito de lavado de activos de origen delictivos, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda y con la habitualidad y con la intervención de personas de existencia ideal.

La pareja, en tanto, de ser miembros de una asociación dedicada a la puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de hechos ilícitos por un monto de 300 mil pesos, a través de negocios jurídicos simulados con entidad para conferirles la apariencia de un origen lícito.

“Se puede concluir que los fondos invertidos por los imputados provenían de operaciones internacionales de narcotráfico”, se sostiene en el requerimiento realizado por el fiscal Carlos Amad. Allí, les atribuyó a los dos imputados haber adquirido inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell y haber recibido dinero, tras la muerte de Salvatore, una póliza radicada en la Isla de Man.

El cerebro

Según la investigación llevada adelante por el fiscal Amad, dentro de la organización delictiva liderada por Salvatore, el rol de Carrena consistió en la conformación de sociedades en Estados Unidos y también en la ingeniería de esas sociedades financieras, por donde la organización canalizaba sus espurias ganancias, mediante la compra y venta de activos.

Además, se señaló que Carrena, para llevar adelante las maniobras de lavado de activos, constituyó 42 empresas. Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, una vez creadas, el hombre ejecutaba la segunda etapa de su trabajo dentro de la organización ilícita, que consistía en utilizar a estas compañías para el blanqueo de los bienes “logrados del delito precedente para otorgarle una apariencia de legalidad”. A su vez, concretaba maniobras para simular operaciones inmobiliarias de compra venta con la finalidad de legitimar dichas operaciones.

La droga hallada en un envío de carbón.

“Se encuentra acreditado que el encartado ha realizado una multiplicidad de maniobras de lavado durante un lapso relativamente extenso de tiempo. Esta circunstancia muestra la ‘habitualidad’ en su comportamiento, exteriorizada en la continuidad o repetición de las acciones delictivas reprochadas, en gran medida contemporáneo a la generación de rédito económico obtenido a través del contrabando de narcóticos, y la permanencia en la administración de los activos detectados”, se señaló en el requerimiento.

Carrena fue detenido en Mar del Plata en febrero de 2021, cuando había llegado para visitar a su novia. Tenía vínculos comerciales con esta ciudad y también lazos con la firma La Moneta.

Otro marplatense también está involucrado en el caso Carbón Blanco. Se trata del escribano Pablo Buscaglia, quien aún aguarda el inicio del juicio que le corresponde para responder por su responsabilidad notarial en las maniobras financieras y societarias.

Tanto Buscaglia como Gabriel José Morón, Ariel Morón y Gladys Peregal no forman parte del debate que se abre esta semana. Eduardo Antonio Macri, otro de los procesados originales, murió durante la instrucción y fue sobreseído por extinción de la acción penal en marzo de 2021.

Por otro lado, también está pendiente de juicio otra derivación de la causa “Carbón Blanco”. Se trata del tramo vinculado a tres agentes aduaneros de la delegación Barranqueras que se encuentran imputados como coautores del delito de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de actos culposos que posibilitan el contrabando. Es por no haber controlado los cargamentos de la empresa chaqueña Carbón Vegetal Del Litoral SRL.

La causa inicial

La causa se inició en el año 2017 como una derivación del caso “Carbón Blanco” y fue requerida a juicio en abril de 2023 por el fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad. En el expediente, se mantiene como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) por decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los imputados son Sergio Salomone y Analía Tejero, a quienes se apunta como presuntos testaferros de Salvatore, y Leopoldo “Polo” Carrena, considerado como el presunto arquitecto financiero de las maniobras de lavado de activos de Salvatore en la zona de Florida, Estados Unidos.

En la primera causa derivada de “Carbón Blanco”, la viuda de Carlos Salvatore, Silvana Susana Vallés; y su suegro Santiago Vallés Ferrer, fueron condenados a 7 años y medio de prisión por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico; y el socio de Salvatore, Ricardo Gassan Saba, a 9 años de prisión por el mismo delito. Fue en marzo de 2019. En aquel proceso, la hija del líder narco, Carla Salvatore, había sido absuelta, aunque luego Casación revocó su absolución. En un nuevo juicio, el TOF de Resistencia la condenó a 5 años de prisión, sin embargo Casación le redujo la pena a 3 años de ejecución condicional.

En abril de 2023 Salomone y Tejero fueron elevados a juicio oral y lo mismo ocurrió con Carrena en mayo de 2024. Finalmente, el tribunal unificó las causas en noviembre de 2024.

En 2015, Salvatore fue condenado a 21 años de prisión en la causa que mediáticamente se conoció como “Carbón Blanco”. Allí se lo consideró como organizador de una asociación ilícita que en 2012 envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y España escondida en contenedores que llevaban carbón vegetal.

En mayo de 2018, Salvatore murió de un paro cardiorrespiratorio cuando estaba internado en el Hospital Argerich del barrio porteño de La Boca. Su fallecimiento se dio en medio del juicio por las maniobras de lavado de activos que llevaba adelante la organización.

Como consecuencia de ello, en marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a los integrantes de banda con penas de hasta 9 años. El veredicto alcanzó a la esposa de Salvatore, Silvana Susana Vallés, y a su suegro, Santiago Vallés Ferrer, que fueron condenados a 7 años.

Ricardo Gassan Saba, socio del abogado, tuvo una pena de 9 años de prisión. Si bien Carla Yanina Salvatore D’ Ursi, hija del fallecido líder, fue absuelta en ese debate, finalmente fue condenada en abril de 2025 en un proceso de reenvío.